Policías municipales de Iguala, coludidos con el cártel Guerreros Unidos, son los responsables del ataque ocurrido los pasados 26 y 27 de septiembre contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, confirmó el procurador general de justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera.

 

El funcionario informó sobre el hallazgo de 28 cadáveres calcinados y enterrados en fosas clandestinas, que podrían estar vinculados a dichas agresiones, sin embargo no quiso confirmar que se tratara de los estudiantes no localizados y dijo que la identificación de los cuerpos podría llevar de 15 días a dos meses.

 

“Debemos esperar a las pruebas periciales en materia de genética forense, necesitamos de un soporte técnico, científico pericial para determinar la identidad de estas personas. Son 28 cadáveres con signos de calcinación y en tanto no se determine su identidad nosotros continuares en la búsqueda de los normalistas”, indicó en conferencia de prensa en Acapulco.

 

Detenidos

 

Iñaky Blanco señaló que del avance en las indagatorias se derivó de la detención de varias personas identificadas como policías municipales de Iguala, sicarios y halcones al servicio de dicho cártel, 29 fueron consignados, tres sin detenido, entre ellas el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores; cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

 

Además se detuvieron a 26 personas como posibles responsables.

 

Con base en sus declaraciones se corroboró que 30 policías activos de Iguala pertenecían a las filas de Guerreros Unidos, y que “la instrucción de acudir al sitio donde se encontraban los normalistas, la dio el director de seguridad pública del municipio, Francisco Salgado Valladares, en tanto la instrucción de ‘levantarlos’ “privarlos de su libertad, llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado El Chucky, líder de los Guerreros Unidos”.

 

“Los homicidios de los estudiantes de la Normal Rural, de las dos personas que viajaban en el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y de una civil que transitaba por el lugar en un taxi, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala vinculados a la delincuencia organizada y sicarios a su servicio, particularmente del grupo Guerreros Unidos”, sentenció el procurador guerrerense.

 

Como parte de esa vinculación entre los hechos violentos, Blanco Cabrera señaló que al menos 17 estudiantes de Ayotzinapa fueron puestos en manos de la organización delictiva Guerreros Unidos, debido a que fueron detenidos por la Policía de Iguala.

 

Sin embargo, aún con dicha versión, el funcionario reiteró que no podían especular si los 28 cadáveres pertenecen a los normalistas.

 

Informó que la dependencia a su cargo trabaja conjuntamente con la División Científica de la Policía Federal, peritos de la PGR, y un grupos de peritos argentinos externo, cuya participación fue acordada por representantes y familiares de los propios normalistas para lograr la identificación.

 

Piden desafuero para edil

 

El procurador estatal informó que hoy se promovería un juicio en el Congreso contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a fin de que se logre su desafuero, y pueda responder por los señalamientos en su contra conforme a la indagatoria.

 

En cuanto al secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, señaló que al igual que Salgado Valladares, habrían sido consignados al ser identificados como los probables responsables de haber girado instrucciones de detener a los estudiantes.

 

Alistan marcha nacional

 

En exigencia del esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se prevé para este martes una manifestación a las afueras de la oficina de representación del gobierno guerrerense en el Distrito Federal, a la cual se espera asistan familiares, activistas y maestros y compañeros de los normalistas desaparecidos.

 

Ante la inconformidad de las familias de los desaparecidos, así como miembros de otras escuelas rurales, y activistas sociales ayer montaron un bloqueo intermitente por alrededor de dos horas en la Autopista del Sol, y después se dirigieron a la caseta de peaje en Palo Blanco, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde dieron paso a los vehículos a cambio de un cuota voluntaria.

 

En ese tenor, la exigencia por una respuesta ante “la masacre de normalistas de Ayotzinapa” será llevada a una manifestación el próximo martes afuera de la casa de gobierno de Guerrero en el DF, en calles de la colonia Polanco a las cinco de la tarde. Asimismo se informó de la convocatoria para una “marcha nacional” en contra de la “lenta evolución de las investigaciones” por encontrar a los jóvenes.

 

Atención a Víctimas manda comisión a Guerrero

 

A fin de garantizar la debida atención a las víctimas de los normalistas desaparecidos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) envió a Guerrero un grupo especializado, compuesto por personal jurídico, médico, de psicología y de trabajo social, para buscar garantizar la atención a las víctimas de los estudiantes, y exigió a las autoridades federales y estatales “una investigación a fondo, pronta y eficaz”, que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y permita la reparación integral del daño.