BAGKOK. A pesar de las críticas provenientes de la ONU y de organismos de derechos humanos que critican fuertemente las medidas implementadas por el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en su lucha contra el narcotráfico. La Policía de ese país defendió la controvertida campaña que ha causado mil 900 muertos desde el primero de julio.
 
El Jefe de la Policía filipina, Ronald de la Rosa, dijo ante una comisión de investigación del Senado que 756 de las muertes se produjeron en operaciones policiales, debido a la resistencia de las víctimas a ser detenidas.
 
De la Rosa atribuyó la autoría del resto de muertes a “grupos de vigilantes”, a los que no identificó.
 
El jefe policial manifestó también que más de 670 mil personas se han entregado a las autoridades y más de 11 mil han sido detenidas por su relación con las drogas, en la segunda vista de la comisión retransmitida por las televisiones locales.
 
De la Rosa señaló que el número de personas que se han entregado demuestra la fortaleza de una campaña que, indicó, ha contribuido a “un descenso significativo” del número total de crímenes.
 
La comisión, en la que también declaran familiares de víctimas, está presidida por la senadora Leila de Lima, quien denunció que la campaña se ha convertido en “una excusa para agentes y otros elementos para cometer asesinatos con impunidad”.
 
Duterte, quien juró el cargo el 30 de junio, respondió a las críticas con el argumento de que “le da igual” los derechos humanos y la cantidad de muertos porque se trata de una medida necesaria, y llegó a amenazar el domingo con sacar a Filipinas de la ONU, aunque su ministro de Asuntos Exteriores, Perfecto Yasay, precisó el lunes que el país permanecerá en el organismo internacional.
 
Testimonio policial
 
“La campaña revela la magnitud del problema, persuade a personalidades de la droga a entregarse e intensifica la acción policial con el resultado de reducción del crimen”