GUATEMALA. En una votación histórica, 132 parlamentarios del Congreso de Guatemala votaron para retirarle la inmunidad judicial que amparaba al presidente del país, Otto Pérez Molina, de una investigación de corrupción por un masivo fraude fiscal, que ya puso en la cárcel a su Vicepresidente.

 

Porteriormente la fiscal general, Thelma Aldana, confirmó que el presidente se encuentra en calidad de arraigado y no puede salir del país

 

En las afueras de la sede del Congreso, cientos de personas celebraron la medida y se escucharon juegos pirotécnicos.

 

Fueron los guatemaltecos los que permitieron la votación del retiro de la inmunidad y formaron una valla humana para que los disputados pudieran entrar al recinto legislativo debido a que algunas de las entradas habían sido bloqueadas por simpatizantes del mandatario.

 

“Fue algo impresionante que la misma población llegó e hizo una cadena humana y un corredor para que pudiéramos pasar, me impresionó que le dieron una rosa blanca, nos protegieron de las agresiones de los sindicalistas que fueron acarreados para que no pudiéramos pasar”, dijo el diputado opositor Leonel Lira, que es uno de los 127 diputados que ingresó al edificio legislativo.

 

Una pequeña bandera de Guatemala en cada curul y carteles improvisados donde se lee #soyvoto105 se puede observar dentro del hemiciclo.

 

El Congreso necesitaba los votos de 105, de los 158 diputados al Congreso para discutir y decidir si le retira o no la inmunidad a Pérez Molina.

 

La semana pasada el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, órgano que depende de Naciones Unidas) explicaron que de acuerdo a la evidencia recabada en la pesquisa de la estructura mafiosa llamada La Línea, Otto Pérez estaría implicado en la mencionada organización que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

 

Las evidencias que presentó el MP, entre ellas boletos de avión, facturas y cheques, demuestran la relación entre la administración de los negocios y finanzas del presidente y la ex vicepresidenta con los integrantes de la estructura corruptora La Línea.

 

La sospecha de que el presidente es la cabeza de La Línea se sustenta en las intervenciones telefónicas donde el propio Pérez Molina exige al ex superintendente de la SAT guatemalteca, Carlos Muñoz, cambiar al jefe de recursos humanos por uno que La Línea solicitó. No sólo eso, los integrantes operativos de La Línea se refieren a Otto Pérez como “el mero mero”, “el dos”, “el dueño de la finca”, o de manera explícita, “el presidente”.

 

Inmediatamente después de la aprobación de las acatas el diputado Carlos Herrera leyó al pleno el informe circunstanciado que la Comisión Pesquisidora en contra del presidente entregó desde el sábado último.

 

El documento indica que el antejuicio contra el mandatario “no fue promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrarlo”.

 

Asimismo se determina que “existen indicios racionales y suficientes que orientan a establecer que el funcionario denunciado, podría haber incurrido en acciones que revistan características propias de uno o varios ilícitos penales”.