GUATEMALA. Nueve funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala y tres representantes legales de dos empresas fueron detenidos por defraudación fiscal, informaron hoy fuente oficiales.
En operativos coordinados entre el Ministerio Público (MP), la policía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se realizaron las detenciones de funcionarios y ex funcionarios de la SAT, con base en escuchas telefónicas autorizadas del caso La Línea.
Las detenciones se relacionan con las investigaciones del caso La Línea, una estructura criminal y de corrupción que operaba en la SAT, dedicada a la defraudación fiscal y contrabando.
El MP acusa al grupo de detenidos de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Entre los detenidos están el director de la Intendencia Jurídica de la SAT, Alfonso Romeo Castillo Castro, y los intendentes, Elder Hermelindo Fuentes García, y José Antonio Mangandi Ortiz, así como el titular de la Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes, Evelin Yulisa Natareno Gómez, entre otros.
También fueron detenidos los representantes legales y dirigentes de las empresas guatemaltecas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
De acuerdo con las investigaciones, Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex superintendente de la SAT.
Los representantes buscaban obtener la desestimación de tres querellas que había contra Aceros de Guatemala por 255 millones 612 mil 266 (33.9 millones de dólares), mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
La empresa —favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los 95 millones de quetzales (12.5 millones de dólares)— se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por 11.8 millones (1.6 millones de dólares).
Estos procedimientos autorizados por los funcionarios de la SAT detenidos este viernes se realizaron a cambio de promesas de pagos de parte de la compañía.
Por el caso de La Línea, organización criminal que se desarticuló en abril de 2015 renunciaron el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes guardan prisión preventiva desde septiembre y agosto de 2015, acusados de corrupción.