Los ataques perpetrados esta semana a camiones repartidores de Coca-Cola en Guerrero, son un episodio más de represalias e intimidaciones del crimen organizado en contra de grandes compañías en México, cuyas instalaciones, vehículos e incluso trabajadores son blanco del llamado “cobro de derecho de piso”.

 

Cientos de empresas son víctimas de este delito, pero entre ellas ya se conocen públicamente los casos de seis empresas importantes: FEMSA (Coca-Cola), Pepsico (Sabritas), Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Cementos de México (Cemex), Grupo Carso y la minera Arcelor Mittal. En algunos de esos casos la falta de pago ha derivado en agresiones y hasta en homicidios.

 

“El hecho de que los grupos criminales estén atacando a grandes corporaciones como Coca-Cola es una inquietante señal de su confianza”, alertó esta semana un artículo de Insight Crime, organización especializada en crimen organizado con sede en Washington.

 

El problema que no se mide tampoco se soluciona, advierte el Informe “Análisis de las Extorsiones 1997-2013. Retos y Oportunidades” elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y publicado en febrero de este año. El dato es contundente, sólo 8 estados del país tienen datos estadísticos de la extorsión en la modalidad “cobro de derecho de piso”.

 

Y aun con ese registro incompleto, la información oficial dimensiona el problema. En el año 2013 se presentaron 8 mil 199 denuncias de extorsión en el Ministerio Público, la mayor cantidad en la historia del país.

 

Según una encuesta realizada por la Cámara Americana de Comercio en México (Amcham), por lo menos en el año 2012, una de cada tres empresas extranjeras en México reconoció que fue blanco de extorsiones.

 

 

Grandes víctimas

 

El pasado 4 de agosto grupos de hombres fuertemente armados secuestraron cuatro camiones repartidores de Coca-Cola para luego prenderles fuego en la localidad der Santo Niño, Guerrero. A través de un comunicado, FEMSA, la empresa que opera la marca refresquera, anunció que decidió cerrar sus centros de distribución por las amenazas y extorsiones en el área.

 

Pero no se trata del único caso de una multinacional afectada. El 26 de mayo del 2012 cinco centros de distribución de la empresa PepsiCo fueron incendiados en Michoacán y Guanajuato, y varios vehículos de Sabritas quedaron incinerados. Las investigaciones apuntaron a una represalia por fallidos intentos de extorsión de Los Caballeros Templarios.

 

Este diario publicó en abril del año pasado una entrevista con los padres de un ingeniero de ICA secuestrado y asesinado, quienes revelaron que en las obras del llamado Proyecto Fénix en Coahuila que se desarrollaron entre el 2009 y el 2012, Los Zetas cobraron el “derecho de piso” al personal de obra.

 

Otro caso más. En diciembre del 2012 el alcalde de Acapulco, Luis Walton, reveló públicamente que CEMEX había denunciado al Grupo de Coordinación Guerrero varias extorsiones del crimen organizado, cuyos integrantes exigían el pago de dos millones de pesos para que se permitiera concluir las obras del AcaBus.

 

Ya en esta administración, el 8 de abril del año pasado, fue asesinado Virgilio Camacho Cepeda, director de Desarrollo Institucional de la trasnacional Arcelor Mittal, en su mina en Michoacán. Antes de su muerte, el directivo había denunciado las extorsiones del que eran objeto los empresarios en la región.

 

En una carta dada a conocer por el periódico Reforma en septiembre pasado, Cemex y Carso denunciaban al presidente extorsiones del crimen organizado, que se había infiltrado en los sindicatos de transporte de la industria de la construcción en Acapulco, Oaxaca, Guadalajara y la Ciudad de México.

 

Según la misiva, el crimen controlaba los contratos colectivos de cada obra, amenazaban a los titulares y a las empresas con el fin de solicitarles cuotas por adelantado, así como un pago mensual, es decir, el “derecho de piso”.

 

Sin solución

 

En un lapso de 13 años, las extorsiones se incrementaron en el país 600%. Pasaron de mil 168 averiguaciones previas iniciadas en el año 2000, hasta la cifra récord de ocho mil 199 durante el 2013. Esto sin olvidar el deficiente registro en varios estados.

 

El ONC ha subrayado que existe una deficiente política pública en cuanto a la extorsión, que parte desde las fallas en la clasificación y registro de los casos, hasta la ausencia de acciones concreta. Por ejemplo, destaca el que no exista una coordinación especial para combatir este ilícito, como si la hay contra el secuestro.

 

“Desde que se comenzó a observar el incremento constante de la extorsión, como ciudadanos no hemos percibido la intención de las autoridades de abordar integralmente este problema (….) esto evidencia que se trata de un delito que no está siendo atendido con la urgencia y enfoques diferenciados que requiere (criminológico-victimológico)”, indica el ONC.

 

Los únicos estados que actualmente cuentan con estadísticas precisas del “cobro de derecho de piso” dentro del universo de la extorsión, agrega el informe, son Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo.

 

Insight Crime subraya en su artículo publicado esta semana la dimensión de la extorsión en el país. Indica que de acuerdo con una encuesta de la Amcham, 36% de negocios extranjeros encuestados en 2012 señalaron haber padecido extorsiones, y 24% de ellos, casi una cuarta parte, dijo que sus instalaciones fueron atacadas.

 

“En años recientes, México ha experimentado una explosión en la extorsión, afectando tanto a grandes corporaciones como a pequeños negocios”, indica la organización.