En los últimos cuatro años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto casi 46 mil sanciones administrativas a 34 mil servidores públicos, las cuales van desde amonestaciones privadas y públicas hasta multa económicas.
Según cifras de la dependencia, entre 2012 y 2016 se aplicaron 45 mil 954 sanciones administrativas a un total de 34 mil 651 servidores públicos, debido a distintas actuaciones de carácter irregular.
Los datos estadísticos de la dependencia, con información acumulada de los cuatro primeros informes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, detallan que del total de sanciones, 20 mil 613 correspondieron a amonestaciones privadas y públicas.
Además, se aplicaron 11 mil 674 suspensiones a funcionarios; nueve mil 114 inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por diferentes periodos, según la gravedad de la falta, y mil 544 destituciones.
En el lapso referido, también se aplicaron tres mil nueve sanciones económicas por un monto acumulado de seis mil 426 millones de pesos, para resarcir daños causados por funcionarios a quienes se les comprobó mal manejo de recursos públicos.
Por otra parte, en el mismo periodo de cuatro años se resolvieron cinco mil 440 instancias de inconformidad, de las que en mil 260 se decretó la nulidad parcial o total del acto impugnado; dos mil 94 expedientes se declararon infundados y en dos mil 86 asuntos no se entró al fondo de los mismos.
Como parte de las actividades de la SFP, en coordinación con 17 órganos internos de Control de distintas dependencias se realizaron un total de 37 operativos de usuario simulado en una docena de entidades federativas.
De ello resultaron 39 procesos administrativos contra servidores públicos y se integraron otras tantas averiguaciones previas por la vía penal.
OR