Este fin de semana, el gobierno federal asestó dos duros golpes en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El primero al encarcelar al operador financiero de la Sección 22 en Oaxaca (una de las más poderosas y con mayor representatividad en todo el país) y el segundo al anunciar que sancionaría a 13 mil profesores que el pasado viernes se fueron a paro en contra de la reforma educativa.
La SEP informó que les descontará el día a 13 mil 173 profesores de Chiapas, Michoacán y Oaxaca por haber faltado el viernes a sus labores para participar en el paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Asimismo quienes falten a sus actividades por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días, serán separados del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa, sin necesidad de que haya resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o equivalentes en las entidades”, señaló la dependencia sobre los hechos ocurridos el pasado viernes.
El rey midas
Por otra parte, el viernes la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que descubrió un entramado de corrupción que involucraba al secretario de Finanzas de la CNTE, Aciel Sibaja Mendoza, quien la semana pasada fue encarcelado acusado de intento de homicidio, robo y daño en propiedad pública.
Además del salario que cobrara al gobierno federal, de acuerdo con información que difundió la PGR, Sibaja Mendoza (conocido en algunos círculos gubernamentales como el rey Midas) retenía comisiones mensuales de hasta 7% sobre los cobros que hacían empresas por vender servicios o productos a los profesores de la Sección 22.
Información de la PGR detalla que Sibaja Mendoza permitía el descuento de nómina a los profesores que compraban a crédito ciertos productos o servicios. De los descuentos que “palomeaba”, Sibaja Mendoza cobraba 3.5% de comisión sobre los pagos quincenales que hacían los maestros a las empresas. Tal como era el acuerdo, las empresas le depositaban directamente al comisionado sindical el concepto de comisión.
“El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado ascienden a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas realizaron en el período comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los convenios calificados de ilícitos”, señala el comunicado de la Procuraduría.
De acuerdo información difundida por la dependencia, cerca de 1% del personal que labora en escuelas públicas de educación básica se ausentó de clases para participar en las manifestaciones convocadas por la CNTE el viernes.