Desde la caverna, los entes supranacionales son una especie de ejército devora soberanías; terroristas que desgarran banderas y democracias. La realidad es otra. Los entes supranacionales en la globalización representan a entes que incomodan a corruptos patriotas.
La pérdida de inmunidad del presidente guatemalteco es una etapa más de las muchas que llevan recorridas el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, mucho se habla de los diputados que votaron a favor de quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez pero poco se ha hablado de la CICIG. Actor toral sobre el escenario guatemalteco.
Brazo judicial de Naciones Unidas, la CICIG fue creada en diciembre de 2006 por el presidente en turno Óscar Berger y el ente supranacional. La CICIG se estrenó precisamente investigando a colaboradores cercanos a Berger envueltos en la ejecución extrajudicial de reos en las cárceles Pavón y El Infiernito, y en el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La CICIG ayudó a llevar a juicio a Alfonso Portillo y desmontó el complot del caso Rosenberg, en el que intentaban inculpar de un asesinato al entonces presidente Álvaro Colom y a su esposa Sandra Torres (candidata que se presentará el domingo a las elecciones presidenciales para quedar en tercer lugar, según encuestas).
El golpe toral en contra de Pérez Molina no ocurrió el pasado martes, cuando 132 diputados desmontaron el fuero presidencial con el objetivo de colocar al presidente en disposición del Poder Judicial para que le abra un procedimiento de juicio. El golpe estratégico ocurrió en abril y mayo pasados, cuando a dos manos el Ministerio Público y la CICIG arrinconaron no sólo al gobierno de Otto Pérez a través de su amante, Roxana Baldetti (vicepresidenta), también lo hicieron con el director del Banco Central de Guatemala, Julio Roberto Suárez, y con los directores del SAT e IMSS guatemaltecos, Omar Franco y Juan de Dios Rodríguez, respectivamente.
En menos de 60 días y con pruebas en las manos, la CICIG y el Ministerio Público convirtieron a Otto Pérez en un cadáver político. Así lo interpretó el Tribunal Judicial la semana pasada, cuando detona el inicio del juicio de desafuero, y el Congreso, el martes, cuando por 132 votos a 0 dejó sin inmunidad al mandatario. ¿Demasiada casualidad que los leales a Pérez no asistieran y que 132 “fieras” devoraran el fuero de Otto?
Antes de convertirse en cadáver político, Pérez alcanzó a balbucear soflamas contra el mundo la noche del domingo 23 de agosto. En cadena nacional, el mandatario no quería reconocer que sus horas ya no le pertenecían. Señaló un complot internacional en su contra. Frase comúnmente procedente de la caverna (como en México; Jorge Luis Preciado y Mariana Gómez del Campo al pedirle a Agustín Basáñez sangre, sangre y sangre en el caso Trump o en la prensa como La Jornada en donde su directora y Julio Hernández López se indignan, en sus respectivos espacios en la edición del 2 de septiembre, porque Estados Unidos coparticipa en el catering judicial en contra del pobrecito de Otto Pérez).
El catering judicial de la CICIG llegó a Guatemala no porque contara con instituciones eficientes e independientes. Lo hizo porque estructuras mafiosas fueron empotradas en organismos como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Así lo vimos durante las pesquisas de la CICIG que terminaron con la caída de decenas de funcionarios.
La CICIG demuestra que fuera de la caverna hay vida. Que la soberanía, en muchos casos, sirve sólo para la preexistencia de instituciones corruptas y para escribir discursos previsibles gracias a la retórica.