La Fiscalía Especial Anticorrupción de Sonora solicitó a una juez estatal una orden de aprehensión en contra de Agustín Antonio Padrés, sobrino del ex gobernador Guillermo Padrés, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa referente a la venta de plazas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

 

En conferencia de prensa, el titular de la fiscalía, Odracir Espinoza Valdez informó que dentro del caso de fraude que involucra a ex docentes y directivos de dicha dependencia, suman cinco órdenes de aprehensión giradas, dos de las cuales ya fueron cumplimentadas, y tres de los sospechosos continuan en calidad de prófugo como es el caso de Agustín.

 

De acuerdo con las autoridades, la presunta banda de defraudadores mantuvo operaciones en el período de noviembre de 2012 a febrero de 2013, y a la fecha suman 18 acusaciones de víctimas que aseguran se les exigía dinero con la finalidad de conseguir una plaza dentro de la SEC.

 

A decir del fiscal, el familiar del ex mandatario pedía cuotas por un monto de hasta 80 mil pesos por las plazas laborales, por lo que se estimó que las ganancias conseguidas en ese lapso oscilaron entre más de un millón de pesos.

 

“Agustín Padrés le comentó a Ramón Alberto Valencia (ex funcionario de la SEC) que tenía la facilidad de gestionar plazas de docentes y prefectos en la SEC, ya que se ostentaba, según los dichos de las víctimas, como familiar del entonces gobernador; lo cual permitió tener un puesto de elevada responsabilidad en esa secretaría por lo que le propone que consiga más personas interesadas en obtener las plazas”, detalló Espinoza Valdez.

 

las indagatorias involucran a Ramón Alberto Valencia López y Mario Valenzuela Guerrero, quienes pudieron ser detenidos y se les dictó auto de formal prisión por los delitos mencionados; mientras el caso de los funcionarios identificados como Juan Pablo Gastélum Leyva, Gustavo Adolfo Vega Reyes y Agustín Antonio Padrés permanecen prófugos de la justicia. Según el fiscal en caso de que los sospechoso fueran declarados culpables podrían ser acreedores a una pena de 20 años de prisión, así como una multa que los inhabilitaría para ocupar un cargo público.