De septiembre de 2012 a la fecha, en el Congreso de la Unión se han presentado por lo menos 83 proyectos relativos al combate al crimen organizado, de los cuales, solo siete (el 8.4%) han sido aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con una consulta realizada por 24 HORAS, desde el inicio de la LXII Legislatura, senadores, diputados y el Ejecutivo federal sumaron un total de 83 proyectos en materia de investigación, sanción y procedimientos por conductas relacionadas con la delincuencia organizada, que abarcan temas como terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, desaparición de personas e, incluso, sobre colusión de funcionarios con el crimen organizado y financiamiento a partidos y candidatos con recursos de procedencia ilícita.
Para combatir este abanico de delitos federales, los legisladores promovieron reformas, en su mayoría a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales.
Sin embargo, de las más de 80 iniciativas que fueron presentados en las Cámaras de Diputados y del Senado a este respecto, 39 (46.98%) se mantienen en calidad de pendientes en comisiones, a pesar de que al menos cinco de ellas tenían condiciones para ser aprobadas, puesto que fueron suscritas por las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso: PRI, PAN y PRD.
Otros 32 asuntos (38.5%) fueron desechados y cinco más, equivalentes al 6.02%, fueron retirados.
En lo que respecta al trámite que ambas Cámaras del Congreso le dio a los asuntos no aprobados, se advierte que el Senado es responsable de haber congelado un total de 37 asuntos, mientras los diputados mantienen pendientes solo dos.
No obstante, San Lázaro concentra el mayor número de asuntos desechados con 31, al tiempo que su colegisladora desechó tan solo uno de ellos.
Iniciativa EPN, entre los pendientes
Entre los proyectos que el Legislativo mantiene pendientes destaca la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, que le fue enviada al Senado el 1 de diciembre del año pasado.
El proyecto replantea reformas al modelo de seguridad pública y establece un nuevo sistema policial. Además, propone que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
Sin embargo desde su presentación, los senadores han mantenido detenido este proyecto, que actualmente se encuentra a la espera de ser dictaminado, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia; y Estudios Legislativo, Segunda.
Otra de las iniciativas que se mantiene en suspenso, tendría por objeto tipificar como delitos graves el reclutamiento y adiestramiento de menores de edad en el uso de las armas de fuego y actividades relacionadas con el crimen organizado, para lo cual se proponían sanciones de 10 a 20 años de prisión. Este proyecto se mantiene pendiente desde noviembre del 2012 en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado.
En el mismo estado se encuentra, una iniciativa que tenía como objeto establecer y sancionar el delito de halconeo cometido por la delincuencia organizada. El proyecto que sugiere sanciones de 4 a 10 años de prisión a quien espíe e informe a miembros de la delincuencia organizada, sobre la ubicación, actividades u operativos de seguridad pública o procuración de justicia, está detenido desde octubre del 2014, en la Cámara alta.
Lo que aprobaron
Entre los seis productos legislativos que lograron la aprobación, publicación y entrada en vigor, destacan el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue promulgado en mayo pasado, luego de que el Congreso aprobó reformas a 14 artículos constitucionales.
Parte de este nuevo marco jurídico incluyó un apartado para considerar el enriquecimiento ilícito y corrupción en cualquiera de sus modalidades, como delitos que procederán como delincuencia organizada.
Otro de los asuntos que llegó a buen puerto fue el que decreto que reformó, entre otros, el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de fortalecer los instrumentos para el combate al terrorismo.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo federal, fue promulgado en marzo de 2014, y en entre sus preceptos se estableció adicionar como delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada el financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, para lo cual se establecieron penas de hasta 15 años en prisión.