El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, informó que trabaja en conjunto con las fiscalías y procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco en un anteproyecto de iniciativa de ley para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada.
Explicó que se trata de mejorar el marco jurídico para que las 33 fiscalías y procuradurías estatales y federal afronten coordinada y eficazmente al crimen organizado; añadió que se debe reconocer que su combate debe implicar una responsabilidad compartida, con límites debidamente identificados.
Además, anunció que se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, a fin de convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.
En el marco de la 38 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que se efectuó en Valle de Bravo, el funcionario federal explicó que la propuesta de modelo ya se ha implementado internamente en la Procuraduría como piloto y gira en torno a una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado en un plan de persecución penal.
También contempla un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos; operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración, a través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, mecanismos alternativos de solución de controversias.
Abundó que en el marco de este modelo, también se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a través de diferentes acciones, como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas e integrarle un centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes.
*edición impresa 24 Horas
caem