El fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, confirmó el cierre de gasolineras propiedad de presidentes municipales tras una serie de operativos de vigilancia entre el gobierno del estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ello como parte de la estrategia contra el robo de combustible y la supervisión de posibles compradores de grandes cantidades como las estaciones de servicio y algunas empresas.
“Es un tema complejo y con muchas aristas; hay un grupo de alto nivel encabezado por el secretario de Hacienda, el director de Pemex, la PGR y autoridades locales, la idea es tratar de combatir los pasos y vínculos de los grupos en distribución y todo, queremos que se combata a los grandes compradores, en coordinación con Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó entrevista para el programa Despierta con Loret.
Aunque no precisó el nombre de los ediles propietarios de gasolineras relacionados con la compra-venta de hidrocarburo robado, Carrancá Bourget recordó que sólo el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, fue detenido por sus posibles vínculos con bandas dedicadas a la perforación de ductos y extracción de combustible.
“Hemos colaborado con la Seido y hay un detenido por el operativo Encrucijada. El número de homicidios y ejecuciones antes de los operativos Encrucijada y Palmarito se ha visto reducido, las detenciones se varios líderes de esos grupos han marcado una tendencia a la baja”, explicó.
Hace unos días, el vocero del gobierno de Puebla y senador de la República, Javier Lozano Alarcón, confirmó que había alcaldes vinculados en la compra-venta de hidrocarburo ilícito en el llamado Triángulo rojo.
Aunque omitió revelar los nombres de los ediles presuntamente vinculados con “chupaductos”, fuentes consultadas indican que se tratará de los presidentes de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, y Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado. (Con información de 24 HORAS PUEBLA)
JMS