La Policía Federal, con apoyo del Ejército, se desplazó por todo el sur de Michoacán y tomó el control total de la seguridad de los 27 municipios, todos en la zona de conflicto.
Sin incidentes y con el apoyo de los grupos de autodefensa, las fuerzas federales desarmaron a los policías municipales, instalaron puestos de vigilancia y grupos de rondines desde Uruapan hasta Lázaro Cárdenas, confirmó Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El estado de fuerza desplegado es, hasta ahora, de 3 mil policías federales, pero se contempla la posibilidad de incrementar el número de efectivos, si se requiere.
Desde ayer, a la estrategia para Michoacán se sumó el Gabinete Presidencial, que deberá trasladarse a la entidad y desarrollar programas para el rescate económico, político y social de la entidad.
Ayer, por más de dos horas, al menos siete secretarios de Estados se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien presentó al recién nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo y recibieron la orden de viajar de inmediato a la región de Tierra Caliente, en Michoacán, e impulsar programas para rescatar a los sectores económico, político y social, que será parte de una estrategia transversal que desarrollan las fuerzas federales en la entidad contra la inseguridad.
Similar a la estrategia que el gobierno federal utilizó en las contingencias por los fenómenos climatológicos, los funcionarios federales viajarán a los municipios de Tierra Caliente para abonar, cada uno, en su materia.
Despliegue operativo
Sin incidentes ni interrupciones, las tareas de vigilancia de las Fuerzas Federales en la región Tierra Caliente, se ampliaron a los 27 municipios de Michoacán, para asumir el control de las tareas de seguridad y vigilancia.
Al mismo tiempo el Ejército revisa el armamento de las policías municipales, para determinar su legalidad, y se define en qué momento serán enviados los agentes para sus exámenes de control de confianza y, una vez aprobados, su capacitación.
Durante el día de ayer, las fuerzas federales tomaron Coalcomán, Chinicuila, Cohuayana, Aquila, Aguililla, Apatzingán, Ario, Buenavista, Chilchota, Gabriel Zamora, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Peribán, Los Reyes, Tancítaro, Taretan, Tepalcatepec, Turicato, Uruapan, Ziracuaretiro y Huetamo.
En el caso de Huetamo, por ejemplo, arribaron 200 soldados y 160 policías federales con el apoyo de helicópteros federales. Algo similar sucedió en Peribán, las fuerzas federales llegaron al Palacio Municipal, donde aseguraron las armas de cargo de los agentes municipales y ellos fueron trasladados a la Sexta Región Militar.
Reunión de gabinete
En la reunión celebrada en Gobernación, el Gabinete conoció la nueva figura del Comisionado especial para Michoacán, quien se trasladó a Michoacán para comenzar los trabajos en la zona.
Asistieron a la sesión privada los secretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza; de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor; de Salud, Mercedes Juan López; del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; de Desarrollo Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, y de Turismo, Claudia Ruíz Massieu, así como el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño Mayer, y el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández.
También estuvieron los titulares Comisión Federal de Electricidad (CFE), Francisco Rojas Gutiérrez; del IMSS, José Antonio González Anaya; del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, y representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía y de la Función Pública; además de Pemex y Conagua.
La dimensión del problema
Michoacán es un punto geoestratégico para México por su aportación a la economía y su ubicación en el Atlántico, que forma un puente con Asia a través del Puerto de Lázaro Cárdenas, que mueve 18% de la carga comercial total, y por su infraestructura carretera y ferroviaria que beneficia a la mitad del territorio; además de una amplia y privilegiada vocación agrícola.
Esas condiciones atrajeron a los narcotraficantes, quienes se apoderaron, a través de la violencia y la corrupción, de más de la mitad del territorio michoacano, fracturando el tejido social, el sistema político e institucional, la economía y el desarrollo de la entidad.
Así, en 13 años, La Familia Michoacana que luego mutó como Los Caballeros Templarios se apoderó o sometió, a través de extorsiones, gran parte del sistema productivo de la entidad, que les permitió tener recursos para comprar armas y crecer.
En el mismo lapso, en la zona alta producción, duplicaron los cultivos de mariguana y amapola, y ampliaron los laboratorios para elaborar drogas sintéticas.
Economía fracturada
Michoacán es primer productor de minerales y productos agrícolas, principalmente limón, aguacate y jitomate, pero también se cultiva zarzamora, mango, coco, fresa, guayaba, plátano, cebolla, arroz, agave.
Pese a esta riqueza, 14% de los municipios se encuentran en alta y muy alta marginación. En zonas de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora se encuentran el mayor número de personas en pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval).
Las autoridades dejaron de investigar y de hacer operativos en la zona, lo que facilitó la expansión y apoderamiento de territorio de Los Templarios.
La violencia e inseguridad obligó a la población a huir, dejar sus tierras, para asentarse en otras ciudades del estado o fuera de él. La pobreza creció, sólo durante el 2013 se perdieron cerca de mil 573 empleos formales.
A otros agricultores, los narcotraficantes les arrebataron sus tierras o, para que no se las “expropiaran”, pagaron “derecho de piso”. Sometieron a la gente a través de la violencia y por miedo, aunado a la falta de trabajo o bajo convencimiento, los habitantes se vieron obligados a trabajar para Los Templarios como vigilantes, campesinos, sicarios o administradores.
Maestros fueron asesinados o huyeron y con ello, por lo menos una decena de escuelas cerraron de forma definitiva y, las ubicadas al sur del estado han tenido cierres temporales, dependiendo de la inseguridad.
Policías municipales escaparon para no morir o se aliaron a los grupos delictivos. Alcaldes o síndicos, junto con empresarios tampoco tuvieron buena fortuna, fueron secuestrados, torturados o asesinados.
Así, Los Templarios cobraban a empresas o productores, o se apoderaron de las zonas de cultivo, minería, de empresas comercializadoras y empacadoras, y hasta de las operaciones en el Puerto de Lázaro Cárdenas, desde donde recibían químicos para elaborar drogas sintéticas, cocaína y enviar productos lícitos a otros continentes.
Por ejemplo, sólo en los últimos 15 días, en Apatzingán se perdieron cerca de 525 millones de pesos a consecuencia de la inseguridad, reportó la Cámara Nacional de Comercio, porque 90% del comercio cerró.
Después de 13 años, apenas ahora, podrían comenzar a revertirse estas condiciones con el surgimiento de la Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que plantea una estrategia integral.
Todavía no se ha hecho la suma total de pérdidas económicas sufridas en estos 13 años de control de este cártel; tampoco se conoce la cantidad de personas que fueron desplazadas, secuestradas o perdieron sus propiedades. Mucho menos se conoce a cuánto asciende la pérdida sufrida en desarrollo y bienestar humano en la entidad.