Los casos de corrupción que involucran a ex gobernadores, como Javier Duarte (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua), no se pueden explicar sin la debilidad, omisión y complicidad de instituciones, como los Congresos locales o los partidos políticos. Mientras los primeros deberían ser un contrapeso, suelen estar a las órdenes de mandatarios; y los segundos, dan candidaturas sin revisar antecedentes, afirmaron politólogos a 24 HORAS.

 
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que el combate de las redes de corrupción comienza por el cambio institucional proyectado en el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe llegar hasta los gobiernos estatales, en especial las Legislaturas.

 
“El asunto más delicado es la debilidad de los Congresos locales, porque muchas de las cosas que estamos viendo pasaron por los Congresos y fueron aprobadas: la deuda pública de Coahuila, asociaciones público-privadas en varios estados y financiamientos aprobados por el Congreso”, aseveró Bohórquez.

 
El representante de Transparencia Mexicana vio con optimismo la instalación del SNA, pues para él representa el primer paso para castigar en verdad a todos los corruptos y no sólo a un funcionario convertido en el actor incómodo del sistema político.

 

Infografía: Xavier Rodríguez

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Pero el cambio institucional debe empezar desde los partidos, los primeros responsables de designar candidatos, afirmó Julio Jiménez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

 
“Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad porque son los primeros responsables de  elegir a los candidatos. (Deben cerciorarse) que no sean delincuentes, que no tengan vínculos con la delincuencia organizada. Ése es el primer filtro; segundo, los propios partidos sufren un desprestigio enorme, tal es el caso de los actos de corrupción que cometió Marcelo Ebrard: hundieron al PRD en la Ciudad de México”, estimó.

 
El especialista aseveró que para que México tenga un verdadero combate a la corrupción, se requiere acabar con la impunidad y el tráfico de influencias, de lo contrario, añadió, continuarán los actos de buena fe, pero sin acciones efectivas para prevenirla, castigarla y erradicarla.