Es “un crimen al derecho laboral” el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la legalidad de separar del cargo a los maestros que reprueben las evaluaciones docentes, calificó el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez Camacho.
Enfatizó que uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona es el trabajo y éste es un derecho que no sólo está respaldado por nuestra Carta Magna, sino también por constituciones de otros países, incluso por la misma Organización Internacional del Trabajo.
Afirmó que la determinación de la SCJN atenta contra este derecho, dejando en total indefensión a los profesores, quienes no podrán ser defendidos por el SNTE, el cual, por cierto, “ha hecho un triste papel; su dirigente, Juan Díaz, es totalmente Enrique Peña Nieto”.
Para lograr una educación de calidad, como pretende el gobierno federal, no basta con remover de las aulas a los presuntos incapaces profesores, sino que se requieren políticas públicas serias y de fondo, no reformas educativas estrictamente laborales y administrativas, indicó el diputado del PRD.
Lamentó que los ministros del máximo tribunal de México se hayan convertido en “los chalanes” del gobierno federal, en vez de cumplir con su deber constitucional de garantizar el cumplimiento estricto de nuestra Carta fundamental.
Consideró que la decisión de la SCJN fue apresurada y se cedió a las presiones del Ejecutivo federal, “los ministros cayeron en la tentación de ser un brazo de extensión de Peña Nieto”, con lo que pierde credibilidad.