La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un protocolo de protección para los ediles del país, luego del homicidio de dos presidentes municipales en menos de 24 horas.

 

La ANAC explicó que en el país existen cuatro zonas clasificadas como las de más alto peligro para los alcaldes. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo).

 

“Desde la Asociación Nacional de Alcaldes solicitamos al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la implementación urgente de un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo”, explicó la asociación.

 

Los registros de la ANAC indican que desde 2006 a la fecha, 40 alcaldes en funciones, 7 electos y 32 ex alcaldes, fueron asesinados en diferentes acontecimientos.

 

“Estas cifras contemplan los recientes atentados en las últimas horas hacia Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas”, detalló la agrupación.

 

Los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.

 

“El propósito de lo anterior, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto. Es determinar el grado de protección que requieran los Alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos incluyendo partidas en FORTASEG, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en especifico a quienes lo necesitarán, con prioridad a sus ciudadanos”, mencionó la ANAC.

 

Al dar un posicionamiento sobre los homicidios de los ediles de Guerrero y Oaxaca, explicó que es necesaria una investigación detallada, la creación de consejos municipales, así como la “supresión de Cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos”. | AV