Independencia y autonomía jurisdiccional entre los Poderes, son principios constitucionales que suelen olvidar algunas autoridades, Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay autoridades que “suelen olvidar los roles constitucionales a los que estamos obligados las instituciones y los poderes”, dijo el ministro durante la inauguración del Segundo Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género: Diálogos por la Igualdad de Género.
“…a veces se olvidan estos principios por las propias autoridades, que olvidan también los roles constitucionales que cada institución y cada Poder tiene”, aseveró.
En la polémica entre el Poder Judicial de la Federación y la PGR que derivó de la sentencia de amparo contra la formal prisión para la lideresa sindical Elba Esther Gordillo Morales, ayer el ministro presidente se pronunció a favor del máximo respeto de todas las autoridades, que es la base de todo el desempeño en la impartición de justicia.
La Procuraduría General de la República criticó el falló a favor de Gordillo Morales, y aseguró que “por segunda ocasión” veía con preocupación el criterio del juez, que utilizó “argumentos endebles y sin consistencia jurídica”.
El Poder Judicial amparó a Gordillo Morales contra del auto de formal prisión, luego que la PGR no justificó sus acusaciones por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, e inclusive determinó una violación al debido proceso y sus derechos humanos.
PGR arma en 7 días expediente contra Elba
En sólo siete días y sin contar con todas las pruebas, la Procuraduría General de la República (PGR) integró y consignó a un juez el expediente por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Elba Esther Gordillo y dos de los empleados del SNTE.
En el trayecto la institución cometió varios errores que no observó el juzgado que dictó auto de formal prisión contra la líder sindical y que la mantiene en prisión desde marzo pasado.
Pero en el amparo concedido el martes, el juez federal Francisco Sarabia pone en evidencia tres cosas: la prisa de la PGR y la Secretaría de Hacienda por acusar a Gordillo; que tiene pruebas circunstanciales y que la formal prisión fue ilegal porque a resolución fue omiso en sustentarlo.
La celeridad de las autoridades se mostró desde que Hacienda presentó y ratificó la querella el 13 de febrero con copias de estados de cuenta de empleados del Sindicato y de Gordillo. El abogado, para acreditar su personalidad jurídica, presentó un oficio sólo que fechado un día después, lo que deja sin sustento legal la denuncia, precisó Sarabia.
En siete días, entre el 13 y 20 de febrero, cuando se solicitó la orden de aprehensión a un juez, la PGR sólo integró al expediente tres informes “parciales” de la Policía Federal Ministerial, que dan cuenta de datos y referencias de investigación de algunas empresas.
Sin embargo, es hasta un día después, el 21 de febrero, que Hacienda emite su dictamen técnico contable y hasta el 22 de ese mes, que los peritos de la PGR envían el suyo. A pesar de que no existían esos documentos el 20 de febrero, cuando pidió al juez la orden contra Gordillo, la Procuraduría citó que los tenía en el expediente.
Esos peritajes no concluyen que Elba Esther cometiera el delito de lavado de dinero, únicamente que confirman los movimientos bancarios. Fue hasta el 26 de febrero que la Procuraduría detuvo a la líder del SNTE y después de siete meses en unos meses podría salir por inconsistencias y falta de pruebas en el expediente.
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