Ariel Dulitzky, integrante del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó al Estado Mexicano abrir las instalaciones militares y de inteligencia para la búsqueda de desparecidos.

 

“Para superar algunas de las desconfianzas y pesimismo con la que observan muchas de las víctimas, debería clarificarse la responsabilidad del pleno acceso a todos los lugares del estado, con nombre y apellido, y se debe garantizar el acceso a cualquier instalación militar, a cualquier instalación de seguridad o de cuerpos de inteligencia”, señaló en reunión con senadores.

 

Al respecto, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, aseguró que la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares es urgente y por lo tanto será aprobada en el actual período ordinario de sesiones.

 

Reformas a ley de víctimas se atoran

 

En tanto, la discusión de la Ley de Víctimas que se pretendía votar este martes, fue pospuesta luego de que los senadores Armando Ríos Piter del PRD y el independiente Manuel Cárdenas Fonseca solicitaran tiempo para analizar los cambios que de último momento sufrió el dictamen en el tema de apoyos para los familiares de las víctimas y la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

Al respecto, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, lanzó un ¡ya basta!, al tiempo de señalar que esta ley se ha politizado y por ello su discusión se encuentra en una crisis.

“Si no quieren que reformemos la Ley (de Víctimas), que quienes la están politizando sigan con sus crisis”, enfatizó.

 

Entre los cambios hechos al proyecto está garantizar a las víctimas el derecho a contar con asesoría jurídica pagada por el Estado así como la contratación de expertos y peritos. Además de clarificar la integración y la operación de los fondos, estableciendo que sus informes deberán ser públicos.

 

El dictamen señala que para acceder al Fondo de Apoyo, las víctimas o sus familiares tendrán que acreditar el uso de recursos en un plazo de 30 días, pero ahora contarán el apoyo de un asesor.

 

Asimismo se integran como víctimas las personas que por situaciones de violencia focalizada como consecuencia de la presencia y operación de grupos de la delincuencia organizada, se ven forzadas a desplazarse en el territorio nacional.

 

Número

 

28 mil desapariciones se tienen registradas hasta este año, mientras que en 2011 había cerca de tres mil, de acuerdo con cifras de las autoridades federales