El Parlamento Europeo condenó, durante su sesión plenaria de ayer jueves en Estrasburgo, Francia, la desaparición de 43 estudiantes normalistas mexicanos en Iguala ocurrida el pasado 26 de septiembre.

 

Los legisladores europeos aprobaron una resolución con 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones, que rechazó “las inaceptables desapariciones forzadas y crímenes en Iguala” y mostraron preocupación por la “presunta infiltración del crimen organizado en las autoridades judiciales y administrativas locales”.

 

Asimismo, saludaron la determinación del presidente Enrique Peña Nieto para investigar el caso y terminar con la violencia en el país.

 

En la sesión plenaria de ayer, legisladores europeos de izquierda criticaron el clima de impunidad que rodea este caso así como otras violaciones a los derechos humanos.

 

“Este es un caso relacionado con la impunidad en México (…) Solicitamos al presidente Enrique Peña Nieto ponga fin a la impunidad con una investigación seria y un juicio a los responsables”, dijo Ernest Urtasun, miembro del partido Alianza Europea. “Los acuerdos con México no deben modernizarse hasta que se implementen medidas visibles”.

 

El Parlamento Europeo recordó en su resolución que la alianza estratégica con la Unión Europea vigente desde mayo de 2010, obliga a México a mejorar su actuación en materia de derechos humanos debido a los “valores comunes que encuentran expresión en nuestras sociedades democráticas y plurales”, y que influyen en una relación que se beneficia por los intercambios en materia electoral, comercial, desarrollo así como de seguridad.

 

También hicieron un llamado a investigar el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas en Iguala.

 

En otras resoluciones emitidas por el Parlamento Europeo esta semana señalaron que la “situación de derechos humanos en México es extremadamente crítica”, particularmente en Chiapas, Oaxaca y el municipio de Atenco en el Estado de México.

 

“Las autoridades han establecido un sistema económico, establecido en el despojo, privatización y mercantilización de los recursos como tierra, agua y biodiversidad”, apuntó una resolución firmada por legisladores de izquierda el 22 de octubre sobre el caso Ayotzinapa.

 

 

 

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