Los gobiernos estatales perdieron 15 mil millones de pesos correspondientes a los recursos que la Federación les había entregado para que operaran el Seguro Popular.
El informe sobre la cuenta pública 2013 que entregó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados encontró que entre subejercicios, recuperaciones y aclaraciones los estados no pudieron comprobar estos recursos, equivalentes a casi una quinta parte del presupuesto total del SP para ese año: 55 mil 554.4 millones de pesos.
De acuerdo con el informe que presentó ante la Cámara de Diputados, la ASF auditó 81.3% de los recursos entregados a los estados para el Seguro Popular, de los cuales determinó que los montos por aclarar ascendieron a 10 mil 814.1 millones de pesos, mismos que corresponden en su mayoría a una bolsa de 15 mil 311 millones de pesos de recursos no ejercidos. Además se determinaron recuperaciones por 5 mil 410.4 millones de pesos.
Todo a pesar de tomar recursos correspondientes a los siguientes ejercicios presupuestales, acciones que justificaron como ajustes del padrón de afiliados al término del año.
La auditoría también encontró que las secretarías de finanzas no transfirieron los recursos a los organismos operadores o lo hicieron con retraso; en algunos casos, los administraron directamente y realizaron préstamos de recursos a otros fondos o programas. Además, no demostraron tener control sobre los documentos para comprobar y justificar gastos.
Por ejemplo Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz transfirieron 2,954.1 mdp a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y no los reintegraron.
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, ejercieron 685.7 millones de pesos sin disponer de la documentación comprobatoria del gasto.
Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Sinaloa ejercieron 144.5 millones de pesos en conceptos no contemplados para ser pagados con recursos de la Cuota del Seguro Popular o que corresponde a ejercicios anteriores.
Estado de México, Oaxaca y Sonora, destinaron 101 millones de pesos sin contar con la validación por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).
Compras innecesarias y opacas
La auditoría encontró que las entidades compraron medicamento a un costo mayor de su precio comercial, realizaron contrataciones indebidas de personal y transfirieron recursos del Seguro Popular a otros programas y fondos.
En la evaluación de los resultados del programa, la ASF encontró que las quejas más frecuentes fueron por atención médica deficiente, surtimiento de recetas incompletas, negación del servicio médico, maltrato por parte de los médicos, y cobro de medicamento y estudios de laboratorio.
El medicamento también fue una de las grandes observaciones pues durante ese año, mientras 58.5% de las recetas no fue surtido por completo por desabasto, las entidades pagaron los medicamentos con un sobrecosto de 10.5%.
Además, las recetas no fueron llenadas correctamente de forma que fue imposible verificar que los medicamentos se surtieron en su totalidad, que de hecho fueron entregados a beneficiarios del SP o que estaban incluidos en el catálogo Causes.
En este rubro, los estados adquirieron medicamento y servicios no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) a precio excesivo, de manera innecesaria y además se excedieron en el presupuesto autorizado para ello.
Las mayores irregularidades se presentaron en Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Zacatecas.
Pago de aviadores
Los médicos de este sistema sanitario son pocos. Están rebasados en 4 a 1 por las las exigencias de la Organización Mundial de la Salud porque mientras los estándares internacionales dictan que debe haber 2.5 médicos por cada mil pacientes, en el Seguro Popular un sólo médico atiende a 2 mil 306 afiliados.
Sin embargo, la ASF encontró que en lugar de contratar más médicos, los estados dedicaron 361 millones 500 mil pesos a reclutar aviadores y a desviar los recursos para pagos de nómina no pactados ni autorizados, hacer pagos posteriores a la fecha de baja, pagar a personal de honorarios sin existir contratos de por medio, contratar a personal que no tenía el perfil o que se le contrató para una cosa y terminó haciendo labores administrativas y finalmente, a trabajadores que no fueron localizados en sus puestos.
OBO
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