El pasado mes de mayo, Citlali fue agredida sexualmente por un compañero de trabajo de su padre en Sonora. Aunque la joven de 13 años denunció ante las autoridades no le fue permitido el aborto, luego de que el juez reclasificará el delito de violación a estupro.

 

Iván Baez, abogado de GIRE (Grupo de Información de Reproducción Elegida), señaló que “en este caso es muy preocupante la inatención por parte del gobierno, además de la gran cantidad de errores que tuvieron desde el inicio, es decir desde que se presentó la denuncia por violación, que no se actuó conforme a los estándares internacionales”.

 

Entre tales atenciones la joven de origen huichol debió recibir la llamada “pastilla del día siguiente para evitar que se concretara cualquier tipo de embarazo así como un tratamiento de salud para evitar alguna enfermedad de transmisión sexual, cuestión que no se ordenó…”.

 

El abogado afirmó que a tres meses de los hechos “estamos en una situación grave de la negativa a ejercer el derecho de interrumpir el embarazo como víctima del delito de violación y la negativa de las autoridades de salud local”.

 

Baez consideró necesario que el Estado evite la revictimización y evitar cualquier acto de criminalización porque “ella se encuentra en una situación que no debió crear de haberse dado la atención por parte de las autoridades locales”.

 

Ante tal negativa, diversas organizaciones civiles como GIRE se acercaron al padre de Citlali y su familia “para empezar a construir alternativas para que se garantice su ejercicio de derecho en el transcurso de las próximas horas para que no sigan pasando los días”.

 

Se dijo confiado que haya una solución antes de concluir esta semana “para que en el marco del respeto a sus derechos humanos se garantice la interrupción del embarazo”. (Con información de Radio Fórmula)

 

tpc