Entre enero de 2015 y febrero de 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pagó 70 millones de pesos, como reparación del daño, a 131 víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a la solicitud de información 1117, se trata de casos donde el organismo acreditó que la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano violaron las garantías de más de un centenar de ciudadanos.
Los detalles de los casos se encuentran clasificados. Y únicamente se consideró información pública los montos otorgados como reparación del daño, los estados donde se cometieron las violaciones a los derechos humanos y la dependencia señalada.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó, que en poco más de dos años, otorgó compensaciones por 70.9 millones de  pesos a víctimas de violaciones de garantías como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, entre otros.
Veracruz, Colima, Estado de México, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua son las entidades donde las Fuerzas Armadas, en algunos casos en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), cometieron las violaciones a las garantías individuales.
Entre los casos más emblemáticos, en los que distintas instancias han corroborado que existieron violaciones graves a los derechos humanos, se encuentra la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la localidad de Ayotzinapa.

 

 

El expediente Iguala
Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, también se atacó a un equipo de futbol y diversos ciudadanos. Según las conclusiones de la CEAV, por el caso Ayotzinapa hubo 180 personas que sufrieron violaciones graves de derechos humanos; seis fueron ejecutadas extrajudicialmente y 40 quedaron heridas.
A su vez, 80 personas que el día de los ataques intentaron apoyar a las víctimas sufrieron persecución y atentados contra sus vidas. Y luego de los hechos se contabilizaron 700 víctimas indirectas, es decir, familiares.
Sin embargo, la CEAV sólo ha entregado 4.3 millones de pesos a la familia de un integrante del equipo Los Avispones que falleció durante los hechos y se considera una víctima directa de los hechos.
La Comisión entregó recursos como reparación del daño a 131 víctimas de violaciones a derechos humanos, se trata en su mayoría de casos en los que el estatus judicial aparece como averiguación previa.