Como una forma de blindarse ante el posible hallazgo de irregularidades en sus oficinas, los actuales jefes delegacionales cuentan con un plazo de 15 días hábiles que corrieron a partir del 1 de octubre para revisar los recursos materiales y la información proporcionada por los funcionarios salientes y de encontrar irregularidades, presentar la queja correspondiente.

 

En caso de que encuentren inconsistencias en la documentación asentada en el acta de entrega- recepción, el artículo 19 de la ley en la materia establece que dentro de dicho plazo los ex delegados podrán ser  requeridos para que hagan las aclaraciones y proporcionen la información adicional que se le solicite derivado de la revisión que hacen las nuevas administraciones.

 

Así, los jefes delegacionales tienen hasta el 21 de octubre para documentar irregularidades en los informes entregados por sus antecesores, algunos, como Ricardo Monreal, en Cuauhtémoc; Pablo Moctezuma, en Azcapotzalco, y Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, todos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solicitaron una auditoría externa.

 

La titular de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, revisa la información que le entregó su antecesor y no tiene previsto una auditoría externa; en el caso de Fernando Mercado, de Magdalena Contreras, esperará los resultados de las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación y del DF.

 

Algunos jefes delegacionales, en un diagnóstico preliminar de la revisión de la información entregada, han detectado falta de recursos, obras pagadas y no ejecutadas o atrasadas, supuestos aviadores, falta de mobiliario y vehículos oficiales sin verificar o en proceso de baja, entre otras.

 

También los directores y coordinadores de área de las delegaciones cuentan con 15 días hábiles para poner lupa a lo que entregan sus antecesores en el cargo. Por ejemplo, apenas ayer el  director de Obras de Azcapotzalco, Eduardo Esquivel, firmó el acta de entrega- recepción, por lo que a partir de esa fecha empieza la revisión.

 

Así, aunque los jefes delegacionales acusaron un presunto saqueo por parte de las administraciones pasadas y malas condiciones del mobiliario, aún revisan la información entregada para documentar eventuales fallas y de hallarlas, presentar una queja ante la Contraloría General.