Fue destituido del ISSSTE y obligado a pagar más de 50 mil pesos como sanción; dos veces se le consideró no recomendable en los exámenes de Control de Confianza de instituciones de seguridad, lo que provocó su salida, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que se revisara la omisión en la que había incurrido cuando fue director de la Policía Ministerial, para determinar su posible responsabilidad administrativa.
Se trata de la trayectoria de Enrique Francisco Galindo Ceballos, designado el 25 de diciembre como encargado del despacho de la Policía Federal y de quien se dijo que había sido capacitado en “diversas agencias de seguridad a nivel internacional”, aunque en materia de seguridad sólo asistió a un curso, menor a tres meses, en el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y a dos en la Universidad de Salamanca.
El presidente Enrique Peña Nieto, quien como compromiso de gobierno aseguró que nombraría a los funcionarios públicos más calificados, debe enviar en los próximos días al Senado su propuesta de quien debe convertirse en el comisionado de la Policía Federal, uno de ellos podría ser Galindo Ceballos.
A partir de testimonios de primer nivel y documentos oficiales, 24 HORAS logró documentar la trayectoria de Galindo Ceballos entre 2000 y 2012. Este diario solicitó información del funcionario al área de Comunicación Social de la Policía Federal, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Negligencia administrativa
De acuerdo al currículum de Enrique Francisco Galindo Ceballos, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una tesis que recibió mención honorífica y obtuvo su cédula profesional en 1990. Su primer trabajo fue 1992 en la PGR, como agente del Ministerio Público, en donde permaneció poco tiempo.
Entre su declaración patrimonial y su hoja curricular hay inconsistencias sobre su segundo empleo, porque se afirma en la primera que fue asesor en la Subsecretaría de Protección Civil y Prevención Social de Gobernación, en donde estuvo entre 1995 y 1998, pero en el segundo documento sólo señala que estuvo en 1997 en esa oficina, pero como secretario auxiliar.
En 1997, dice su currículum, llegó al ISSSTE como jefe de la oficina jurídica en San Luis Potosí. Ese mismo año se convirtió en subdelegado de prestaciones de la misma dependencia, en donde permaneció hasta el año 2000.
Lo que su currículum no dice es que, dentro del expediente 49608/00 iniciado por el órgano interno de Control del ISSSTE, se le destituyó del cargo, tras concluir un procedimiento administrativo el 29 de mayo de 2000, sanción que quedó firme, por haber incurrido, durante su gestión, en “negligencia administrativa”, y debió pagar 56 mil 643 pesos. Sin embargo, para la fecha en que se emitió el fallo, Galindo Ceballos había dejado la dependencia.
Omisiones: CNDH
En 1999 Galindo Ceballos se incorporó al Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí como director general, posición que tuvo hasta 2002.
Para 2003 llegó a la Policía Ministerial de San Luis Potosí, corporación en la que se quedó prácticamente un año, hasta que fue nombrado director de Seguridad Pública Municipal hasta 2006.
Es en esos años, de acuerdo con su expediente, al que tuvo acceso este diario, presentó dos exámenes de Control de Confianza, siendo evaluado por el Centro de Control de Confianza de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y por el CISEN. En uno de ellos se le consideró “NO RECOMENDABLE” para el puesto y en el segundo sí fue declarado apto, pero con observaciones, entre las que se establecía que debía ser evaluado nuevamente por su posible falta de probidad.
En su paso por la dirección de la Policía Ministerial de San Luis Potosí también recibió observaciones, una de ellas fue hecha por la CNDH, dentro de la Recomendación 28/2006, que al investigar el caso el organismo confirmó que agentes de la corporación, que dirigía entonces Galindo Ceballos y funcionarios de la Procuraduría del estado, cometieron violaciones a los derechos humanos de una persona.
La Comisión emitió su recomendación apenas en 2006 y entre sus conclusiones estableció que se diera “vista al Órgano de Control competente para que conozca de las omisiones en las que incurrió el entonces Director General de la Policía Ministerial del estado, Enrique Francisco Galindo Ceballos, al rendir un parte informativo que carecía de requisitos esenciales exigidos por el Reglamento Interior de la Policía Ministerial del estado y en su momento determine las responsabilidades administrativas a que haya lugar”.
En su expediente no hay registro de que se hubiera iniciado algún procedimiento administrativo contra Galindo Ceballos, para dar cumplimiento a la Recomendación, pero cuando se emitió la misma, él ya había dejado la dirección de la corporación y se había convertido en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo a las publicaciones de la época, Galindo Ceballos al frente de esa dependencia municipal anunció que las multas a los automovilistas se harían de forma electrónica, se compraron decenas de handhelds (computadoras de mano) y se hizo una presentación a los medios de comunicación, pero nunca se utilizaron.
La columnista Adriana Ochoa, de Pulso Político, recordó hace unos días que esa compra se hizo en la administración del presidente municipal de San Luis Potosí, Octavio Pedroza, ahora Senador de la Republica. Pero en 2007, su sucesor en la alcaldía, Jorge Lozano, evidenció que las handhelds nunca se usaron, porque no servían.
Un crimen
Entre 2006 y 2009 Galindo Ceballos no reportó haber tenido algún trabajo, ni en el sector público ni en el privado, sólo que se dedicó, de acuerdo a su hoja curricular, a participar en algunos cursos en México y China, y un masters en España.
Pero en septiembre de 2009, el recién nombrado gobernador Fernando Toranzo Fernández lo designó como secretario de Seguridad Pública del estado.
En ese omento, ya existía el acuerdo entre el gobierno federal y los estados de certificar a todos los policías del país y, de no hacerlo, se les retiraría una parte de los recursos federales.
Así que 10 meses después de tomar posesión, en julio de 2010, Galindo Ceballos anunció a los medios de comunicación que se someterían al examen de Control de Confianza los 9 mil agentes que tenía el estado. El funcionario calculó entonces que para fines de ese año 4 mil ya estarían evaluados. Esto no lo cumplió, de acuerdo a la cifra de agentes certificados actualmente.
La inseguridad en el estado había crecido, la explicación era que la violencia provocada por Los Zetas, procedente de Tamaulipas y Nuevo León, se estaba extendiendo. En esos momentos, las notas periodísticas daban cuenta de la exigencia de estudiantes, empresarios y presidentes municipales por una seguridad eficiente.
El 8 de septiembre de ese año, en su propia oficina, fue asesinado el presidente municipal de El Naranjo, Alexander López García. El crimen lo cometieron dos sicarios entrenados que pudieron escapar junto con otros dos encapuchados que los esperaban a bordo de una camioneta.
Ese crimen prácticamente había sido anunciado por el alcalde, porque en la zona habían ocurrido decenas de asesinatos en los días previos y sumado a que había perdido a prácticamente toda su policía municipal, sólo quedaron cinco agentes, porque algunos habían renunciado por miedo y otros más fueron detenidos al ser acusados de participar en secuestros y homicidios.
Por eso López García pidió el apoyo de Ceballos Galindo para que enviara al municipio policía estatal, esto ocurrió, pero la violencia no descendió y el día de asesinato ningún agente resguardaba el edificio municipal, ni siquiera estaban en las calles o hicieron un operativo para buscarlos, quienes lo implementaron fue el Ejército.
Ese asesinato no ha sido aclarado y tampoco las responsabilidades ante las acciones y omisiones de los funcionarios involucrados.
Reprobado
Para octubre de 2010, ante las críticas públicas por la inseguridad que crecía en el estado, Galindo Ceballos declaró que 160 funcionarios de alto nivel del gobierno estatal se someterían a las pruebas de Control de Confianza, convirtiéndose San Luis Potosí en la única entidad en hacerlo.
Enrique Galindo acudió a la Secretaría de Seguridad Pública a presentar sus exámenes toxicológicos, psicológicos, médico y de polígrafo, este último lo presentó el 4 de octubre. La conclusión de los especialistas fue que mintió, algo que confirmó en una charla posterior con los evaluadores en la que reconoció que había desviado 100 mil pesos para beneficio personal y aceptado sobornos. Se le declaró “NO RECOMENDABLE”.
De acuerdo con testimonios recabados por 24 HORAS, Galindo Ceballos regresó a San Luis Potosí y nunca dijo al gobernador que hubiera reprobado. Fue hasta que un oficio llegó directamente a su jefe, el titular del Ejecutivo estatal, Fernando Toranzo Fernández, en el que le notificaron que había reprobado el polígrafo y que, de acuerdo al expediente de su trayectoria, no era recomendable para el cargo de secretario de Seguridad Pública.
Sorprendido por la información, relataron las fuentes consultadas, lo que más molestó a Toranzo Fernández y que provocó despidiera inmediatamente a Galindo Ceballos fue el reconocimiento de éste de haber desviado recursos públicos en su administración y que antes, como secretario de Seguridad Pública municipal, había recibido sobornos por parte de empresas para que ganaran licitaciones, las cuales sí se hicieron, de acuerdo a la revisión hecha por este diario.
Las personas consultadas coincidieron en que Galindo Ceballos debió dejar sus oficinas inmediatamente en enero de 2011, apenas se enteró el gobernador de la información.
Sorpresa y enojo
Ni dos días se quedó sin trabajo y logró ascender. Encontró acomodo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como asesor directo del titular, Juan Miguel Alcántara Soria, con un salario mensual de 120 mil pesos, de acuerdo a su declaración patrimonial, emitida el 3 de mayo de 2011.
Por la posición, el salario y las prestaciones, su nuevo puesto representaba en realidad un ascenso, que incluso le permitió comprar a crédito un automóvil Mercedez Benz, valuado en más de 500 mil pesos.
Aunque en una declaración patrimonial posterior, la del 29 de mayo de 2012, asegura que ingresó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no como asesor sino como oficial mayor, percibiendo un salario mayor, que sumaba anualmente un millón 751 mil pesos.
Públicamente se dijo que era asesor personal del titular del Secretariado y saberlo causó malestar al gobernador Toranzo Fernández, porque “parecía una burla y desacreditaba todo el esfuerzo”, explicó un funcionario consultado.
El gobernador potosino hizo evidente su malestar en la siguiente reunión de la CONAGO, ocurrida en mayo de 2011, en donde cuestionó, durante una sesión privada y frente a todos los mandatarios estatales, la contratación de Galindo Ceballos, habiendo reprobado y reconocido que desvió recursos públicos y que aceptó sobornos. Fue contratado en el área encargada de entregar el presupuesto a las policías del país.
Del Secretariado Ejecutivo no hubo respuesta, Galindo Ceballos continuó en su puesto y durante las fiestas decembrinas del año pasado, en un boletín de cinco párrafos se anunció que se le designaba como encargado del despacho de la Policía Federal.
Pocos en San Luis Potosí hicieron públicas sus felicitaciones a Galindo Ceballos como encargado de la Policía Federal, nadie del gobierno estatal lo hizo, sólo su antiguo jefe, con el que compró las handhelds inservibles, el senador Octavio Pedroza.
Expediente perdido
En febrero de 2011 fue asesinado en San Luis Potosí el agente estadounidense Jaime Zapata. Las investigaciones arrojaron que el responsable del crimen era Julián Zapata Espinoza, conocido como El Piolín, quien había trabajado como policía municipal en la entidad.
Al conocerse la información se solicitó a la dependencia el expediente laboral de El Piolín, quien perteneció a la corporación hasta 2005, justo cuando Galindo Ceballos era el titular. El legajo no pudo ser entregado, de acuerdo a un oficio de la dependencia municipal enviado a la Procuraduría General de la República, porque simplemente no se localizaba en sus archivos. No se ha investigado qué ocurrió.
Lo único que se pudo confirmar entonces, es que Zapata Espinoza había sido detenido en 2009 por delitos contra la salud, pero sólo unos meses estuvo preso al ser liberado por falta de pruebas.
Sale su hermano
Ricardo Galindo Ceballos, hermano del ahora encargado de la Policía Federal, era director de Informática y Tecnologías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y en agosto de 2011 fue relevado de su cargo.
En un comunicado escuetamente se agradeció su trabajo y no se dijo más. La información recabada por 24 HORAS revela que se descubrió que varios proyectos vinculados a cámaras de vigilancia y a software de seguridad de la capital potosina no estaban operando, ni siquiera se habían instalado, por lo que se inició una investigación que no ha concluido.
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