En menos de un mes, a más tardar el próximo 11 de mayo, los integrantes de autodefensas que cumplan con la capacitación de la Policía estatal y cuenten con el registro legal de sus armas podrán seguir protegiendo sus comunidades convertidos en un nuevo cuerpo denominado Policía Rural Estatal.

 

De no cumplir con dichos requisitos, cualquier comunitario podrá ser detenido. De la exigencia de los comunitarios para liberar a más de 100 de sus compañeros, las autoridades sólo se comprometieron a su traslado al penal de Apatzingán.

 

Lo anterior forma parte de los acuerdos a los que llegaron los guardias civiles y la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabeza Alfredo Castillo Cervantes, luego de una reunión que sostuvieron los líderes comunitarios de 20 municipios de Tierra Caliente con funcionarios federales y estatales.

 

Dentro de la reunión se acordó que los miembros de las autodefensas que así lo decidan formarán parte del cuerpo de Policía Rural Estatal, cuyo reclutamiento, selección y capacitación estará a cargo de la Policía estatal. Y quienes acrediten podrán “brindar protección a sus comunidades de manera legal”. De no acreditar como tal, las personas que sean sorprendidas con armas serán detenidas y consignadas con las autoridades correspondientes, según el acuerdo aprobado por unanimidad.

 

Este diario había publicado que el vocero y líder de autodefensas, Manuel Mireles Valverde había advertido de que en la reunión que ayer sostuvieron con el comisionado Castillo le informarían sobre el ultimátum para que liberaran a más de 100 comunitarios recluidos en diversos penales.

 

Sin embargo, tras el encuentro la Comisión sólo se comprometió a “realizar las gestiones para lograr el traslado de todos los procesados que hayan sido detenidos por la portación de un arma, al Penal de Apatzingán”, y para aquellos que estén acusados de otros delitos graves “seguirán su proceso penal conforme a derecho”.

 

Durante los próximos 26 días, las autodefensas de los municipios de Buenavista, Tancítaro, Los Reyes, Peribán, Uruapan, Aguililla, Aquila, Chinicuila, Taretan, Pátzcuaro, Coalcomán, Coahuayana, Lombardía, Ziracuaretiro, Apatzingán, Tepalcatepec, Churumuco, La Huacana, Múgica y Huetamo, cuyos líderes estuvieron presentes en el encuentro, están obligados a registrar sus armas, determinando su portación y uso.

 

En ese tiempo, según el informe de la Comisión, los grupos de autodefensas, nombre con el que a apenas ayer fueron reconocidos por la autoridad “continuarán trabajando de manera coordinada para la ubicación de objetivos del crimen organizado”.

 

Además se informó de un compromiso por parte de la Comisión encabezada por Alfredo Castillo para garantizarles seguridad y salvaguardar la integridad física de los líderes de los grupos de autodefensas, exigencia que desde hace meses es solicitada por Mireles Valverde y otros líderes comunitarios.

 

En seguimiento a los acuerdos, Castillo Cervantes anunció que realizará dos reuniones a la semana en ayuntamientos de Tierra Caliente. Los martes se abordarán temas de Desarrollo Integral y los encuentros de los jueves serán para tema de Seguridad.

 

En un video difundido ayer, Manuel Mireles afirmó que en la asamblea celebrada con el comisionado “nos da derechos nuevos, que nos pide unidad y compromiso”, pero deja en claro que su movimiento persistirá hasta que “el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, y hasta entonces hablaremos del desarme”.

 

“Todavía andan sueltos un número importante de templarios, no les demos tregua. Todo el que nos hizo daño, que mató, robó o extorsionó debe pagar su culpa y debe ser llamado por el tribunal del pueblo que ustedes y nosotros tenemos ahora, ya así será hasta que el gobierno nos garantice el pleno derecho y acabe la impunidad y el encubrimiento”, advirtió Mireles Valverde.