La desaparición forzada en México, tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Paquistán, esto de acuerdo con datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Según el informe, en el país fueron reportados 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias al gobierno mexicano, entre 1980 y 2015, los años con mayor número de casos de desaparición forzada, que coinciden con periodos en que las Fuerzas Armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno.

 

Los datos publicados en el reporte “Desaparición forzada y tortura en México. La perspectiva de organismos internacionales y datos según averiguaciones previas”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, señalan que de 2008 a 2015, han ocurrido 136 casos de desaparición forzada en México, cifra sólo superada por Paquistán y Sri Lanka, con 144 y 282 casos, respectivamente.

 

 En los últimos dos años, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en México, han sido temas primordiales para los sistemas Interamericano e Internacional de Derechos Humanos debido a la difusión de casos como Tlatlaya, en el Estado de México; Iguala en Guerrero y Tierra Blanca en Veracruz.

 

 De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), los estados que registran la mayor cantidad de personas desaparecidas, relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal, son Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

 

 Subraya que en México hay 27 mil 659 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, de las cuales, 989 de ellas corresponden al fuero federal y 26 mil 670 al fuero común.

 

 Por todo esto, el Instituto Belisario Domínguez, advierte que el reto del Senado de la República es la aprobación de una Ley sobre Desaparición Forzada que prevenga esta violación, facilite la localización de personas desaparecidas y garantice la reparación integral a las víctimas, congruente con los estándares internacionales de derechos humanos. (Con información de NoticiasMVS)