Actualmente hay 23 mil 271 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y extraviadas, detalló la encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna.

 

Durante el Foro sobre Desaparición Forzada de Personas, en la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo que sin embargo se requiere un gran trabajo de depuración, de filtro y sistematización para que pueda ser considerado un registro nacional confiable.

 

Precisó que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con las procuradurías de los estados, busca a 621 individuos en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila y México, así como el Distrito Federal.

 

De ellos 520 son hombres y 101 son mujeres con un rango de edad entre los 19 y 53 años; el perfil de la mayoría son estudiantes y comerciantes.

 

Abundó que hasta el viernes pasado se habían localizado en el Distrito Federal, Guerrero y el Estado de México a 102 personas: 72 están con vida y 30 fallecieron; de esos casos, además, 17 fueron halladas por autoridades locales y federales, en tanto que 85 fueron desapariciones involuntarias.

 

La encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad subrayó que la fecha de registro de las desapariciones data de 2003, pero las averiguaciones se abrieron a partir de 2013.

 

Sobre este tema García Laguna explicó que la PGR tiene como marco legal la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, es decir la secrecía de las averiguaciones previas, por lo que es su obligación proteger la información de familiares de desaparecidos.

 

Asimismo informó que hay 23 entidades federativas que establecen en sus códigos penales la desaparición forzada, de las cuales Guerrero, Chiapas y Querétaro tienen leyes específicas y sólo seis no tienen tipos penales referentes.

 

Por ello es importante generar una legislación nacional que obligue a las autoridades de todas las entidades a trabajar la investigación de la desaparición como lo señalan los estándares internacionales, enfatizó la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Al respecto el diputado perredista José Luis Esquivel Zalpa, promovente del foro, señaló que hasta el momento sólo tres estados de la República cuentan con una legislación sobre desaparición forzada, que son Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

 

Ante esa situación refirió que el 11 de diciembre presentó una iniciativa que plantea modificar el Código Penal Federal, con el fin de puntualizar la imprescriptibilidad de ese delito y considerarlo como de lesa humanidad.

 

Establece además modificar el tipo penal para establecer que la desaparición forzada de personas puede ser cometida tanto por funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, como por particulares con orden, autorización o apoyo de agentes del Estado.

 

Además modificar las penas actuales para imponer de 40 a 60 años de prisión y multas de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente a quienes cometan este crimen, además de la destitución e inhabilitación definitiva para ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal.

 

Esquivel Zalpa recordó que el 21 de febrero de 2013, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que su titular anterior entregó una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia de la PGR.

 

Dicha lista contiene más de 27 mil casos de este tipo, pero hasta ahora ninguna persona está consignada ni sentenciada por el delito de desaparición forzada de personas; son manejados como simples secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad.

 

“De esta forma, los delitos de desaparición de personas quedan en su mayoría no resueltos y los responsables no se encuentran o no se castigan”, enfatizó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

En su intervención, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Adafem), Julio Mata Montiel, coincidió en que no existe marco jurídico o ley que sancione ni mucho menos que prevenga ese delito, garantice la búsqueda ni proteja a las víctimas.

 

En ese sentido el director ejecutivo de Amnistía Internacional Sección México, Perseo Quiroz Rendón, urgió a la Cámara de Diputados a elaborar un marco jurídico que atienda este delito, una Ley General de Desaparición Forzada y reformas al código penal que impidan su prescripción.

 

También que se plasmen en políticas públicas transversales, con planes de búsqueda que eviten acciones aisladas, como hasta ahora.

 

En su oportunidad el director general del programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Agustín Lara Godoy, consideró fundamental que las autoridades esclarezcan las desapariciones a través de una coordinación institucional entre las diversas autoridades del Estado mexicano.

 

Igualmente señaló necesario crear una base de datos actualizada y con información correctamente estructurada para que, a través de un sistema eficiente, se combata la impunidad que gira en torno a ese delito.

 

GH