En dos meses, 21 profesores de educación básica han sido asesinados en Acapulco, Guerrero. La violencia contra este sector en específico ha llegado a tal grado que de noviembre para acá ocho profesoras también han sido víctimas de abuso sexual.

 

Los profesores de la zona periférica del puerto también son frecuentes víctimas de extorsiones, reconoció el secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez Della Rocca. Antes, ya había reportado el secuestro de cuando menos 18 educadores.

 

“La delincuencia organizada está en las aulas… Me están matando a los maestros”, señaló durante su ponencia en la mesa redonda “Evaluación de la problemática en Guerrero: Hacia la construcción de una nueva relación social”, celebrada en una universidad local.

 

Mientras, 107 escuelas primarias, secundarias y preescolares permanecen cerradas porque no existen las condiciones suficientes para garantizar la seguridad de profesores, directivos ni alumnos con afectaciones para 15 mil estudiantes.

 

Según un reporte del periódico El Sur, el paro ya se habría extendido a 120 escuelas con afectaciones para más de 16 mil estudiantes y tres mil profesores.

 

De hecho fueron 200 las escuelas que decidieron adelantar una semana el inicio de las vacaciones decembrinas porque los maestros tenían miedo de ser extorsionados o secuestrados por integrantes del crimen organizado para robarles sus aguinaldos.

 

La única forma en que 90 de ellas pudieron regresar a clases el pasado 7 de enero fue que 10 mil elementos de la Gendarmería Nacional se apostaran en las zonas de mayor peligro para vigilar el regreso a clases.

 

Entre las medidas que plantea la Secretaría de Educación local está la contratación de elementos de seguridad privada para resguardar las instalaciones de los planteles y de esta manera garantizar las condiciones para el regreso a clases.

 

Sin embargo, la exigencia de maestros y padres de familia que esta semana participaron en una manifestación en la Costera Miguel Alemán es que sea el Ejército mexicano la instancia que resguarde los planteles y realice patrullajes de vigilancia e incluso ingrese a las 107 escuelas que oficialmente se reconocen como cerradas. Estas escuelas están localizadas en zonas calificadas como de “alta peligrosidad”.

 

La situación de los profesores no es nueva, incluso en 2011 el gobierno del estado adquirió botones de pánico para colocarlos en las escuelas y lograr que estas tuvieran comunicación directa e inmediata con las autoridades de seguridad; sin embargo, la medida no funcionó.

 

Un reporte de este año de la Secretaría de Educación local reveló que 85% de los botones de pánico, que fueron colocados en algunas de las escuelas que hoy se encuentran en paro, no funcionan o están desconectados.

 

DEC