17 de Diciembre, 2017
Juan Francisco Castañeda

Juan Francisco Castañeda

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En desigualdad, ni tantito bien

Por Juan Francisco Castañeda I diciembre 1, 2017 I 1:27 am

En el otoño de cada año, y después no más hasta el otro otoño, y con la “sinceridad” que la caracteriza, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anuncia el aumento.

 

La voz encargada de darlo a conocer, y por supuesto aportando su valiosa opinión, es la de Basilio González Núñez, quien ha estado tanto tiempo en su puesto de presidente de la Conasami, que es la envidia de ex presidentes, por lo menos cinco.

 

No tengo la menor idea del porqué está ahí y por qué gana más de 170 mil pesos mensuales.

 

Una realidad es que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos nunca ha estado obligada a más, y tampoco nunca ha estado a la altura de las expectativas.

 

Como si hubiera sido un gran logro, el anuncio este año se dio casi de manera espectacular.

 

El aumento al “minisalario” fue de ocho pesos y centavos, a nadie sorprendió.

 

Como siempre, la realidad de México viene desde fuera.

 

Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto incrementaron el empleo formal, pero no han logrado disminuir la pobreza ni la desigualdad.

 

La política monetaria, determinada por el Banco de México, y la fiscal por la Secretaría de Hacienda no están respaldando el crecimiento económico.

 

Un mexicano escapa al análisis de la OCDE.

 

De acuerdo a sus mediciones:

1.Dieciséis de cada 100 mexicanos tienen un ingreso que los mantiene debajo de la línea de pobreza;

 

2.Cuarenta de cada 100 mexicanos no pueden comprar con su salario una canasta.

 

3.México es el segundo país que forma parte de la OCDE, con mayor desigualdad del ingreso.

 

Las ganas de luchar de millones de mexicanos están ahí, a pesar de tanto mal.

 

 

Milonga: 4 de enero de 2018 es la fecha que el juez decretó para la prueba del ADN. El costo de 16 mil 392 pesos deberán pagarla las partes en conflicto, de no hacerlo podrían ser acreedores a un arresto domiciliario. Dicha prueba definirá si esta demanda se queda en el ámbito del espectáculo o pasa, como parece indicar, al terreno político.

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