Durante la segunda jornada de foros para la revisión de la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, representantes de los diferentes entes del sector celebraron los límites impuestos a Teléfonos de México, pues consideraron que ha concentrado el servicio de telefonía por décadas, fomentando prácticas anticompetitivas.
Al asegurar que “Telmex nos ha visto la cara”, Luis Mancera Arrigunaga, Vicepresidente jurídico Regulatorio de Televisa, fue el primero en respaldar la regulación a Teléfonos de México, reprochando que actualmente el sector de las telecomunicaciones se encuentra altamente concentrado en un solo “jugador”, ya que Telmex-Telcel representan casi cinco veces el número de usuarios de Movistar y casi 12 veces lo que representa Televisa en el ramo de las telecomunicaciones.
Consideró que con la imposición a la compañía telefónica de compartir la infraestructura, “se emparejaría mucho más la cancha de juego”.
Por su parte, Francisco Borrego, vicepresidente jurídico de TV Azteca, coincidió en señalar que el proyecto actual en materia de telecomunicaciones incluye un marco jurídico óptimo para regular “al gigante de la telecomunicaciones, quien ha evadido las reglas de la competencia y la libre concurrencia por décadas”.
Jesús Celorio, director general regulatorio de Iusacell, sostuvo que a partir de los nuevos ordenamientos legales, por primera vez se regulará de manera diferente a los competidores del sector, lo que va a emparejar la cancha de juego. “Hasta el día de hoy la regulación ha sido igual para Telmex y para Telcel, que para el resto de los competidores, cuando en la realidad se ve claramente que no somos iguales, las ventajas que ellos tienen les permiten hacer cosas que los competidores no podemos replicar bajo ninguna circunstancia”, manifestó.
Respuesta dura
Tras el embate de sus competidores, Teléfonos de México advirtió que no regalará el uso de su infraestructura. Javier Mondragón Alarcón, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Telmex, aseveró que si las empresas del sector desean utilizar la infraestructura de la compañía, deberán pagar por ese servicio. “Telmex da la bienvenida a la competencia y si la competencia es que utilicen la red de Telmex, pues que le paguen a Telmex el precio que vale el uso de su red”, declaró.
Como representante de la empresa de Carlos Slim, Mondragón Alarcón justificó que Telmex tuvo que invertir 30 mil millones de dólares en infraestructura antes de concentrar el 70% del mercado. En ese sentido consideró que “no es parejo el piso si primero te obligan a invertir y ahora obligan a que regales el producto de tu inversión”.
Durante su participación en el foro, el director de asuntos jurídicos y regulatorios de Telmex aprovechó para decir a los senadores que los términos propuestos en la iniciativa de ley que habrán de concretar, dista de lo establecido en la reforma constitucional. “Sería muy oportuno que esta ley se parezca a lo que ustedes mismos aprobaron hace un año” dijo a los legisladores presentes.
Excesivas atribuciones a IFT
Joaquín Balcarcel, director Jurídico de Televisa, aseguró que la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo federal, otorga atribuciones “excesivas y demasiado amplias” al Instituto Federal de Telecomunicaciones confiriéndole un alto grado de discrecionalidad con la justificación de fortalecer su autonomía.
Consideró que en lo referente a la declaración de los agentes económicos preponderantes, o con poder sustancial, el IFT puede actuar con discrecionalidad. Advirtió que el proyecto de leyes secundarias también establece facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación, en lo que respecta a la vigilancia de los contenidos en los medios de comunicación.
En lo que se refiere a la imposición de multas, Joaquín Balcarcel, señaló que en el proyecto de ley, los supuestos de infracción y las multas resultan “desproporciónales y excesivas”. Sostuvo que contrario a lo que dicta la constitución, no se respetan las posibilidades económicas del infractor.
En el mismo sentido, Peter Bauer representante del Grupo MVS, declaró que el régimen de sanciones es desproporcional y, si bien sería factible para los grandes agentes económicos, también podría significar una catástrofe para los agentes económicos de menor tamaño.
Oportunidad para entes públicos
Representantes de los medios públicos de comunicación, entre ellos el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Canal 11, expresaron la necesidad de que se permita la comercialización de sus espacios para poder obtener recursos propios.
Enriqueta Cabrera Cuarón, directora del Canal 11, dijo que se debe garantizar a los medios públicos que estos contarán con los recursos necesarios e indispensables a fin de generar contenidos de calidad para la sociedad mexicana. En su intervención, Carlos Lara Sumano, director General del Instituto Mexicano de la Radio, dijo que se debe abrir la posibilidad a los medios públicos de captar recursos propios para no ser una carga fiscal.
En el Panel de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agustín Ramírez Ramírez, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI, declaró que la iniciativa afecta tanto a medios privados como públicos. “La iniciativa del presidente de la República –dijo- constituye una regresión que podría diluir la reforma constitucional de junio del 2013”.
Afirmó que con estas propuestas de ley secundaria, se constituye un regulador débil supeditado al gobierno federal, que ignora a las audiencias, a la importancia de los medios públicos y de uso social, y promueve una regulación de preponderancia contraria a la reforma constitucional.