TORREÓN. Por considerar a la Ley de Desaparición de Personas como una carga para la actividad empresarial, industriales adheridos al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, analizan la posibilidad de emigrar de Torreón al Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, Durango.
Ernesto Llamas Sotomayor, vicepresidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, manifestó que la citada ley ha causado reacciones adversas en todo Coahuila, pues además de agravar la situación económica del empresario, inhibe las nuevas inversiones.
La Ley de Declaración de Ausencia obliga a los patrones a seguir pagando a los familiares e hijos menores de edad los salarios y demás beneficios laborales de los desaparecidos en la entidad, lo cual habría causado inconformidades entre algunos patrones.
Expresó que algunos industriales torreonenses analizan la posibilidad de cambiarse al parque Industrial de la vecina ciudad, porque allá no aplica esa ley, como en ningún estado de la república.
“Es responsabilidad del Gobierno del Estado la seguridad de los ciudadanos y por consecuencia no se puede endosar al empresariado así nomás la responsabilidad de otorgar esas garantías a las familias de los desaparecidos”, atajó.
Llamas Sotomayor propuso que sea el Gobierno del Estado quien se encargue de los gastos de las personas desaparecidas, ya que efectivamente tienen derecho, “pero no a costa del empresario”.
De acuerdo con la Ley, aprobada en mayo, la denuncia de desaparición se presentará al Ministerio Público y este deberá resolver en 30 días sí los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición.
“De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas”, dice la ley.