El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al Congreso de Oaxaca que armonice su legislación educativa con la Ley General del Servicio Profesional Docente, para lo cual, tiene de plazo máximo, el próximo periodo ordinario de sesiones, el cual va del 15 de noviembre al 15 de abril próximo.
Al resolver la controversia constitucional que presentó la Presidencia de la República, los ministros resolvieron que tanto el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, como el Congreso de ese estado, han sido omisos en armonizar la ley local en materia educativa a la reforma constitucional de 26 de febrero de 2013, referente al servicio profesional de carrera y la reforma educativa.
Los ministros coincidieron en que no es suficiente que el Ejecutivo local haya enviado la iniciativa legal correspondiente, porque aún no ha sido aprobada por el Congreso de la entidad, sino que tiene la responsabilidad de “hacer lo que le corresponda” para cumplir con el nuevo marco constitucional regula el acceso, promoción y permanencia del personal docente, a través de la evaluación educativa.
“Entendemos que para dejar sin efecto una omisión legislativa tiene que correr el proceso legislativo en todas sus etapas hasta culminar con la publicación de la norma respectiva”, dijo el ministro ponente Mario Pardo.
Por ello, el tribunal Constitucional emplazó a que a más tardar en abril de 2016, realicen las acciones necesarias para empatar la legislación local a los criterios que marcan las leyes federales, de lo contrario serán declarados en desacato.
Dicha resolución se tomó al discutir la Controversia Constitucional 38/2014 que promovió el presidente Enrique Peña por la omisión del Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca para armonizar la ley educativa a la reforma constitucional en la materia y las leyes generales que de ella derivaron.
En su recurso legal, el presidente Enrique Peña Nieto recordó que los gobiernos y congresos locales tenían un plazo de seis meses, a partir de la reforma constitucional de febrero de 2013, para hacer las modificaciones legales en materia educativa.
“Tomando en consideración que no ha sido armonizada la legislación local a la reforma constitucional y las leyes generales, se considera fundado argumento que se hace valer y consideramos que se trata de una omisión legislación absoluta de competencia obligatoria atribuible a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Oaxaca”, dijo el ministro Pardo.
Destacó que el plazo para que los congresos locales armonizaran su ley a lo que marca la Constitución feneció 12 de marzo de 2014.
“A la fecha de esta resolución es evidente que ha transcurrido, un año seis meses, sin que de las constancias de autos se ha demostrado que se hubiera emitido la ley correspondiente”, dijo el ministro Pardo.
Sin trampas
Una vez que el Congreso local apruebe la norma, el ejecutivo local deberá promulgar la nueva legislación que armonice la legislación educativa local con la federal. Al respecto, los ministros dejaron en claro que el contenido de la nueva norma podría ser nuevamente impugnada.
El pleno dejó en claro que la legislación que emitan las autoridades oaxaqueñas, pueden ser motivo de un nuevo recurso ante la Corte, en caso de que alguna parte interesada considere que no cumple con la reforma constitucional y legal en materia educativa.