La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad la eliminación del numeral 7 apartado C incluido en el artículo 21 del proyecto de Constitución local, esto después de que tanto asambleístas como diputados constituyentes manifestaran su descontento porque, a su parecer, dicho apartado promovía la “desaparición de la propiedad privada”.
Después de la solicitud de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, para sustituir el artículo en cuestión por el 122 de la Constitucional, los integrantes de los distintos grupos parlamentarios coincidieron en que era fundamental retirar el apartado, a razón de la confusión generada entre la población.
Durante la sesión ordinaria de dicha comisión, el diputado constituyente del PRD y presidente de ese órgano legislativo, Enrique Provencio, explicó que los legisladores consideraron prudente no establecer disposiciones que pudieran prestarse a malas interpretaciones.
“Con esto no se está creando ningún impuesto, no se está duplicando ninguna contribución y ningún instrumento fiscal, no se está poniendo en duda el derecho de propiedad de nadie en la Ciudad de México”, señaló.
Aseguró que la Constitución de la Ciudad de México dejará a salvo la propiedad privada, ya que es congruente con lo que marca la Constitución federal; no obstante, aclaró que será la ALDF la que defina la legislación en la materia para establecer los mecanismos administrativos que obliguen a los desarrollos inmobiliarios a compensar y mitigar los impactos urbanos.
Mencionó que en la discusión se consideró que no era necesario incluir, en sustitución del apartado eliminado, lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Federal. En ese sentido, Manuel Oropeza, también del PRD, detalló que el artículo en ningún momento habló de un impuesto, por lo que pidió no generar falsos debates.
Posturas
La diputada priista Claudia Pastor manifestó que la Asamblea Constituyente hizo bien su trabajo, pues sus discusiones no fueron las confusas y señaló que si el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, busca generar una nueva contribución, la Constitución de la Ciudad no es la norma donde se deban incluir.
Fernando Lerdo de Tejada, también del PRI, reconoció la necesidad de cobrar contribuciones a la ciudadanía; pero consideró que no debe haber impuestos escondidos.
Mayela Delgadillo, del Movimiento Regeneración Nacional, manifestó que esta fracción está a favor de que haya un impuesto para los desarrollos inmobiliarios y coincidió en que el origen de la discusión fue la mala redacción del proyecto.
Ernesto Cordero, del Partido Acción Nacional, explicó que el que se eliminen los párrafos no niega la posibilidad a la CDMX a tener mecanismos bien diseñados para la organización urbana en la que incluya algún tipo de impuesto. “No se acostumbra meter con tanta especificidad contribuciones, tributos o impuestos en ninguna constitución”.
Lamentan expertos desaparición del artículo
Expertos explicaron a 24 HORAS que si bien en la Constitución hubo una mala redacción del artículo 21, la Ley de Vivienda promovía herramientas correctas, por lo que lamentaron que se haya recurrido a la eliminación y no a una mejor explicación para evitar confusiones.
Salvador Medina, economista con maestría en Urbanismo, explicó que es equivocado pensar que la plusvalía es un impuesto, puesto que éste último es una contribución permanente, mientras que la captación de la plusvalía es un monto extraordinario y rara vez se realiza más de una ocasión.
“Quien sostenga eso (que es lo mismo) definitivamente no está entendiendo las cosas o es una persona que está manipulado la información para asustar a la ciudadanía, lo cual es muy peligroso”, opinó.
Por su parte, Ignacio Kunz, geógrafo con maestría en planeación y doctorado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que hay que entender a la plusvalía como la ganancia que se obtiene de algo sin hacer algo para obtenerla.
Puso como ejemplo que en alguna zona la norma dice que se pueden construir cinco pisos, pero las inmobiliarias consiguen la autorización para hacer muchos más niveles. Esa autorización del cambio de intensidad de construcción genera una plusvalía muy fuerte, porque hace valer mucho más al terreno.
Con esa premisa, la captación de plusvalías ayudaría a que las grandes empresas pagaran por el costo social que provocan.
“El hecho de eliminar este tipo de instrumentos beneficia a los especuladores inmobiliarios y alimenta la ya enorme corrupción en el sector, es una lástima el escaso compromiso de los políticos”.