El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el éxito del proceso electoral 2015 depende de que los partidos políticos respeten los reglamentos derivados de la reforma política, aprobados ayer en el Consejo General.

 

“Los reglamentos que estamos analizando constituyen el mejor esfuerzo institucional que se pudo diseñar en el intenso proceso de transformación del Instituto”, aseguró el líder del INE durante la sesión donde se aprobaron siete reglamentos para cumplir con lo dictado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) de homologar sus 22 normas con la reforma electoral.

 

A su parecer, “su cumplimiento será, y lo digo con todas sus letras, la mejor garantía para evitar caer en los supuestos de rebase a los topes de gasto y al uso de recursos de procedencia ilícita que podrían derivar en una causal de nulidad de la elección”.

 

Entre las nuevas normas aprobadas están la de Fiscalización, Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; Sesiones de la Junta General Ejecutiva; Radio y Televisión en Materia Electoral, Interior del INE, de la Oficialía Electoral.

 

Además, sobre modificaciones a Documentos Básicos, registro de integrantes de Órganos Directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales.

 

Uno de los reglamentos más significativos es el de fiscalización, mediante el cual se construye un sistema electrónico de auditorías en tiempo real para supervisar el financiamiento de los partidos durante las campañas electorales.

 

El nuevo sistema de fiscalización estará homologado para elecciones federales y locales y estará bajo la rectoría del INE, institución que durante el proceso 2015 prevé realizar más de 70 mil auditorías a candidatos a presidente municipal, gobernador y diputado federal.

 

Ante la modernización del sistema de auditorías, Lorenzo Córdova manifestó que el objetivo es “evitar que el interés de grupos que gravita en el financiamiento, detrás del financiamiento privado, incida en la conformación de los poderes públicos representativos”.

 

Otro de los objetivos es “eliminar espacios para la sofisticación contable, para la ingeniería contable y para la asignación discrecional del gasto de los partidos políticos”.

 

El consejero apuntó que “hasta la jornada electoral de 2012, la normatividad permitía que los partidos políticos, de acuerdo a sus intereses y estrategias políticas y contables, diseñaran sofisticadas contabilidades para ajustar los ingresos y egresos, con la finalidad de aminorar consecuencias legales en caso de eventuales excesos a los gastos de campaña”.