Al final está claro por qué vivimos lo que vivimos, sufrimos lo que sufrimos y la razón por la que México está atascado en un pantano de mediocridad, corrupción y violencia: a los mexicanos, a los de a pie, a la llamada sociedad civil, a los partidos y a los gobiernos la ley les vale un puro y real carajo.

 

El Senado de la República, al igual que los opositores bien pensantes que apoyan a ciegas a la perredista-activista Yndira Sandoval y hasta a la propia Presidencia ven a la ley como a una bola de plastilina que pueden manosear y moldear a la medida de sus gustos e intereses.

 

Lo que ocurre en el Senado y en la Presidencia a propósito del nombramiento del nuevo procurador general de la República, la designación del fiscal anticorrupción y el relevo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) -de la que fue destituido Santiago Nieto en medio de una polémica decisión- es simplemente escandaloso por todos lados.

 

En su afán por construir un sistema de procuración de justicia a modo, el PRI y la oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ahora agrupada en el Frente Ciudadano por México y el Movimiento Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador, han violado desde hace meses y ahora de manera inminente todos los plazos legales para la designación de los fiscales Anticorrupción y para los Delitos Electorales, y desde Los Pinos han dejado pasar semanas con el fin de presentar la terna para la designación del titular de la PGR.

 

Del lado del PRI, de manera por demás censurable y descarada, no se ve desde hace mucho tiempo voluntad para que comience a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción y del lado del Frente Ciudadano PAN-PRD-MC está claro que subordinan a los tiempos electorales el funcionamiento e integración de las instituciones de procuración de justicia (y todas las demás), y ahora quieren estirar artificialmente el conflicto por la salida de Santiago Nieto, cuando ya no hay materia de discusión.

 

Después de que el propio Nieto renunciara a la revisión de su destitución y a continuar como fiscal para Delitos Electorales, lo que sigue es el nombramiento de su sucesor. Si panistas, perredistas y naranjas ven en su destitución a manos de Alberto Elías Beltrán como encargado del despacho del procurador general, pues lo que procede es denunciarlo formalmente.

 

Pero lo que interesa a los senadores del Frente Ciudadano no es castigar una conducta presuntamente irregular o ilegal de parte del encargado de la PGR o conocer si el ex fiscal electoral violó el Código de Procedimientos Penales o el de Conducta de los Servidores Públicos al violar la secrecía de las investigaciones a su cargo, sino sacarle toda la raja del mundo al escándalo mediático provocado por el cese de Santiago Nieto.

 

Al final del día qué podemos esperar los ciudadanos, si precisamente desde el gobierno y el Congreso se viola flagrantemente la ley y ésta se subordina a los intereses de una clase política que sólo se sirve de los cargos públicos y que hace del respeto a las instituciones una frase en sus discursos, pero que en los hechos violan y desprecian de manera consuetudinaria.

 

Así las cosas. No es de extrañar que en la sociedad mexicana una gran cantidad de personas simplemente repliquen la conducta de sus dirigentes sociales y políticos. Sin duda, es muy complicado en ese estado que las cosas cambien en México, cuando desde el gobierno, el Congreso, la oposición y las organizaciones civiles, el cumplimiento de la ley sólo es parte de un discurso hueco y no una norma de conducta ejemplar para empujar el cambio.