A un año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, evaluar su desempeño en el área de seguridad solamente por estadísticas sería una visión cortoplacista y poco congruente porque estaríamos dejando fuera la política pública de mediano plazo así como los cambios de enfoque. Por ello, más allá de evaluar estadísticas nos basaremos en las acciones que ha llevado acabo la administración en este año. Sin embargo, el segundo y los años subsecuentes tendrá que ser un gobierno que cumpla con indicadores y es ahí donde no se evaluará la política pública sino la ejecución de la labor gubernamental.

 

La seguridad pública y seguridad nacional son dos responsabilidades que pertenecen al Estado. En el ámbito de la seguridad pública una acción importante es sumar a la sociedad en las funciones de prevención del delito y en crear una cultura de legalidad pero no se puede delegar esta función en la ciudadanía. En el tema de seguridad pública vemos un gran acierto en fortalecer la Subsecretaría de Prevención del Delito con un mayor dinamismo político, ya que los anteriores titulares habían sido enviados a es área como un castigo, y por lo tanto esta función del Estado de sumar a la sociedad civil estaba en manos de burócratas arrinconados que firmaban autorizaciones presupuestales. En los próximos años esta área tendrá que asegurar una mayor proporción del presupuesto destinado al ámbito de seguridad y también tendrá que ser muy eficiente para que los programas transversales con educación y salud tengan éxito, así como la coordinación con los estados y municipios. En este punto podemos ver que las acciones con el área de salud son nulas. En el debate sobre una legalización de la marihuana la secretaría de salud esta ausente, así como el titular del CONADIC. No hay una encuesta nacional de adicciones y se sigue con el mismo letargo en este sector.

 

En la protección de los ciudadanos y de su patrimonio, el crear una gendarmería es una decisión correcta, y el reto será la puesta en marcha de este proyecto ambicioso. La incorporación de sistemas y tecnología para combatir el crimen ya no es una cuestión de recursos porque muchas aplicaciones inclusive ya se hacen en México. Tomemos como ejemplo los patrullajes con drones aéreos, estos ya son fabricados en el país y solo necesitan un componente de capacitación para sustituir los famosos retenes. La detección y seguimiento por aíre son más eficientes para detectar patrones y movimientos sospechosos en tierra. Una asignatura pendiente que deberá ser atendida es la toma e infiltración del crimen organizado en las policías municipales. Tanto la infiltración por corrupción y la creación de fuerzas comunitarias no deberían de ser permitidas y representan una afronta contra el Estado porque este es el único que deber tener la fuerza pública. Por ello, el próximo año será clave la incorporación de la gendarmería y la reconstrucción de la policía federal que esta llevando acabo el Dr. Mondragón.

 

En la desarticulación del crimen organizado, es importante terminar de articular a varias dependencias del gobierno. Aduanas, migración, puertos, aeropuertos y la procuraduría necesitan más personal calificado y empezar a ejecutar sus planes estratégicos para encarecer el negocio del crimen organizado. Hoy en día se estima que hay un faltante de mínimo de 500 plazas en Aduanas. Como explicarse que el puerto de Lázaro Cárdenas solamente cuenta con 70 elementos de los cuales 20 hacen labores administrativas. Decisiones como esta tomadas en la anterior administración solamente facilitaron la introducción de efedrina y sus derivados al país. El episodio del avión mexicano en Venezuela es un ejemplo de la mala articulación que existe en áreas que, de funcionar adecuadamente crearían obstáculos al crimen organizado.

 

Hay un aumento en la cantidad y fuerza de grupos radicales y anarquistas en el país, este fenómeno es una amenaza contra el Estado ya que por sus acciones de disrupción quirúrgica han estado cerca de romper las decisiones de las instituciones. Creo que el Estado aún no entiende la dinámica de estos grupos, y no ha podido hacer una estrategia para contenerlos. El poner a expertos en movimientos guerrilleros a estudiar estos fenómenos no fue una decisión adecuada y consideró que se debe invertir más recursos y personal para entender este riesgo.

 

Las declaraciones de Snowden y el episodio de Wikileaks, mostraron que México no tiene una política de contrainteligencia. En la administración pasada el CISEN contrato a una empresa que a su vez contrato ingenieros extranjeros para armonizar bases de datos e información, hoy en día sabemos que eso no fue una de las mejores ideas. Hoy sabemos que los asuntos de proteger la información del Estado deben ser tomados en serio y para ello México debe desarrollar su propia tecnología de transmisión y encriptación de datos sensibles, esta es la única manera de aislar la dependencia de los proveedores. En países desarrollados las universidades públicas son financiadas por las áreas de seguridad y lo mismo debería suceder en el país.

 

Un año donde se cambio el paradigma, el siguiente deberá verse su ejecución. Para ello, el Presidente deberá evaluar al personal a su cargo y ver con quién desea continuar.