Los comicios electorales que experimentaron este fin de semana los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y, sobre todo, el Estado de México han dejado de manifiesto que nuestro país deberá debatir a profundidad, en el corto plazo, los procesos de distribución y repartición de recursos para los partidos políticos. De entrada, los mexicanos debemos preguntarnos si, ante la evidente y abundante recaudación de dinero que se percibe en los mencionados institutos políticos, resulta necesario mantener una partida anual de dinero público hacia los organismos, la cual en el presente año ronda los cuatro mil 300 millones de pesos.

 

 

En detalle, para el ejercicio de 2017: al PRI, de Enrique Ochoa, se le destinaron poco más de mil mdp; al PAN, de Ricardo Anaya, le correspondieron alrededor de 780 millones; al PRD, de Alejandra Barrales, cerca de 480; y a Morena, de Andrés Manuel López Obrador, arriba de 390 millones de pesos. La legislación establece que a los ingresos públicos de los partidos se le puede incorporar una partida privada que tendrá como límite el propio monto que se recibió por la vía oficial; lo que significa que la estructura financiera de estos organismos debería integrarse por 50% de recursos públicos y 50% de otras fuentes.

 

 

De ahí que, más allá de la fiscalización del INE de Lorenzo Córdova y de los delitos que pudieran detectarse por parte de la Fepade, de Santiago Nieto, nos encontramos ante un escenario donde los partidos han demostrado su independencia y autosuficiencia financiera. Pero más allá de todo lo anterior, lo inmediato será el debate profundo para dar origen a una nueva reforma electoral; porque lo que se tiene hoy no es funcional ya para los tiempos que vivimos, y el enorme gasto que se dio para cambiar el nombre de la institución organizadora de los procesos electorales no garantiza más votos o mayor democracia, así como tampoco el dar más prerrogativas a los institutos políticos, que al tiempo se han convertido en grandes negocios para quien los encabeza; si no pregúntenle a todos esos líderes que frecuentemente usted se puede encontrar en los mejores restaurantes de la Ciudad de México, dejando consentir sus exquisitos paladares, a costa de los impuestos que usted y que yo pagamos mes con mes.

 

 

De no avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, como lo hemos visto en el pasado, el riesgo es, sin duda, que un tribunal termine decidiendo qué hacer con su sufragio, y toda verbena popular inmersa en los procesos electorales terminará dejando claro que la ambición de llegar a un puesto de elección no será para trabajar por el desarrollo y progreso del país, sino para intereses muy personales.

 

 

Voz en off

 

Se espera ya en las próximas horas el fallo de la Cofece, que lleva Alejandra Palacios, sobre la adquisición de Marzam, de José Alberto Peña, por parte de Genomma Lab, de Rodrigo Herrera, y la posible participación de Nadro detrás de la operación de compra. Si se comprueba la existencia de una práctica monopólica absoluta de Nadro, de Pablo Escandón, podría haber una sanción ejemplar, con multas de hasta 10% de sus ingresos y prisión de hasta 10 años…

 

juliopilotzi@hotmail.com 
@juliopilotzi