Muchos podríamos pensar que el pleito ancestral entre el gobernador Graco Ramírez y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, trajo como consecuencia la orden de aprehensión de este último, y en parte tendríamos razón.

 

Sin embargo, en los últimos dos años ha habido señalamientos directos de parte de distintos sectores de Morelos en torno a los malos manejos financieros del rector y de sus colaboradores. Sumado a ello, la Auditoría Superior de la Federación afirmó que desde 2015 hubo irregularidades en programas y proyectos que tienen como origen recursos federales.

 

Ahora, Alejandro Vera es prófugo de la justicia y, en principio, las investigaciones de la Fiscalía de Morelos están enfocadas a determinar su responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta y abuso de confianza, ya que solicitó un préstamo por 600 millones de pesos al Banco Interacciones. Recursos que presuntamente nunca llegaron a la universidad.

 

Junto con él es buscada su esposa, María Elena Ávila, sobre quien se giró una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. Incluso existe un reporte de las autoridades en el que se detalla que ella intentó viajar a España, pero que ante la alerta de las autoridades, no lo logró.

 

De acuerdo a la carpeta de investigación de la fiscalía, la esposa del rector Vera adquirió una residencia con un valor aproximado a los seis millones 400 mil pesos, en la exclusiva zona Paraísos Country Club, en el municipio de Emiliano Zapata. Recursos que, se presumen, eran propiedad de la universidad y que provocaron la crisis financiera en la que se encuentra.

 

Las investigaciones explican que María Elena Ávila, en su calidad de directora de Planeación Institucional de la UAEM, desvió recursos para comprar, el 30 de diciembre de 2016, una residencia de 465.62 metros cuadrados, de los cuales 314 corresponden a la construcción.

 

En cuanto al rector, se investiga el presunto fraude que cometió al Gobierno federal durante 2013 y 2014, tiempo en el cual no logró documentar qué uso les dio a mil 145 millones 431 mil 270 pesos que le entregó la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

 

En este último caso, la autoridad señala que la UAEM contrató y pagó presuntamente servicios que le solicitaron ambas dependencias. Sin embargo, al no vigilar el cumplimiento de los contratos causó un daño al erario, toda vez que contrató servicios de los cuales no se tiene evidencia de la realización por parte de los proveedores.

 

Como parte del contexto de lo que ocurre en la UAEM, hay que recordar que el 1 de diciembre de 2015, cinco de los seis integrantes de la Junta de Gobierno renunciaron a sus cargos de manera irrevocable por estar en desacuerdo con el rector Vera.

 

 

Odebrecht y Lozoya

Esta semana, una jueza federal dejará en claro que la suspensión provisional otorgada a Emilio Lozoya sólo tiene como efecto el hecho de que sus abogados y él mismo puedan tener acceso a las investigaciones, pero que de ningún modo impidió al Ministerio Público federal continuar las pesquisas y, mucho menos, judicializar el caso, si se encontraran elementos suficientes para ello.