La telenovela del químico Granier en Tabasco desconcierta. Por un lado, el excesivo linchamiento mediático puede generar frustración de no haber pruebas periciales  contundentes que garanticen una sentencia judicial. Por otro, las historias de corrupción por parte de gobernadores y funcionarios abundan. Por lo que el linchamiento mediático concentrado en un solo individuo abre las puertas al desfogue colectivo pero dista de resolver el problema sistémico.

 

En México, el diseño institucional establece los incentivos para abusar de los recursos públicos. Si a nivel federal, los funcionarios abusan de sus presupuestos y difícilmente se les castiga, a nivel estatal, ni siquiera se persiga. Carecen de capacidades técnicas/administrativas para investigar y, suelen carecer de incentivos políticos para emprender la persecución.

 

Los estados reciben cuantiosos recursos de la federación (tanto a través de las aportaciones del Ramo 33 como de programas federales descentralizados) sin mecanismos de control. Ni SHCP, ni Sedesol, ni SEP ni mucho menos la Salud (por mencionar algunas) han diseñado mecanismos adecuados para dar seguimiento a los recursos. Generan  acuerdos y compromisos sin dientes suficientes para garantizar su instrumentación.

 

Los funcionarios federales se quejaban de los desfalcos estatales pero, nunca demostraron casos puntuales. No formularon acusaciones concretas. Las preguntas obligadas son ¿los funcionarios federales fueron cómplices o victimas de los abusos estatales? ¿Acaso nunca se detectaron que los recursos entregados no se ejecutaban en el sector asignado? Si lo vieron, ¿por qué no denunciaron?, Si el problema es que no hay herramientas institucionales para denunciar, ¿por qué no promueven su creación? ¿es suficiente hablar de transparencia? si nunca vieron irregularidades ¿por qué se quejaban?.

 

Por el lado de la ciudadanía, los incentivos también están al revés. Los gobernadores y alcaldes no recurren al cobro de impuestos para financiar su deuda o su obra pública. Los ciudadanos no resiente el costo de sus administraciones. No vinculan los abusos de sus gobernantes con sus bolsillos. Como resultado, el votante castiga los malos resultados de una administración más que la corrupción. La ciudadanía se activa ante el mal gobierno, no ante el abuso. Por eso solo linchan a los peores gobernadores.

 

En tiempos de Granier, Tabasco padeció terribles inundaciones pero sobre todo, la pésima y lenta respuesta ante la crisis. El gobernador escuchaba a los damnificados pero no resolvía los problemas. La economía se estancó, el servicio de salud padeció un brutal desabasto de medicinas, la inseguridad se disparó. La industria del secuestro y el cobro de piso floreció. Paulatinamente se abrió paso al crimen organizado. Hoy se habla de Zetas, de abuso a migrantes, de extorsiones y demás males.

 

Corrupción en Tabasco siempre ha habido, como en todos los estados. El problema es que se acompaña de una crisis social producto de una pésima administración. Eso apela al linchamiento.

 

No se trata de justificar la corrupción sino de ponerla en perspectiva. La facilidad con la que se puede ser corrupto en este país ha hecho a políticos y funcionarios perder toda proporción. Abandonan el cumplimiento del deber ante la avaricia para acumular los recursos que tienen al alcance. El problema es sistémico y su solución es mucho más compleja que encarcelar al gobernador mas vulnerable. Si no se atender el problema estructural, crece el riesgo de contagio.