A través de una carta enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Joaquín Guzmán Loera, igual que otros 137 internos, se quejó de diversas violaciones a sus derechos humanos al interior del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, sin embargo, ratificó un amparo para evitar el cambio de cárcel con fines de extradición.

 

Así quedó asentado en la demanda 59/2015 presentada ante el Juzgado 10 de Distrito de Amparo Penal, en contra de actos dentro del juicio, y orden de extradición, por la cual obtuvo una suspensión provisional del presunto traslado.

 

“El Traslado del quejoso a diverso Centro Federal de Readaptación Social con Fines de Extradición, deportación o expulsión del país”, fue el acto reclamado por el narcotraficante, y apenas la semana pasada ratificó la demanda interpuesta desde el 21 de enero, y fue ratificada el 27 de febrero.

 

En contraste, la semana pasada se dio a conocer que firmó una carta, junto con otros 137 internos de alta peligrosidad, dirigida a la CNDH por la cual se quejaban de tratos degradantes, que no les permitían tomar el sol, sobre la mala calidad de la comida, abuso de autoridad y actos de corrupción, entre otros.

 

Al respecto, autoridades federales informaron que hasta el momento aún no reciben una notificación oficial por parte de la CNDH sobre la queja recibida en la Tercera Visitaduría General.

 

Explicaron que están a la espera de dicho documento, por el cual se habrá de solicitar información correspondiente sobre la denuncia de los reos, pero aún no han recibido ninguna notificación del órgano autónomo al respecto.