Este martes se instalará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y contrario a lo que pretendían los políticos, no se contará con la presencia del fiscal especial sobre el tema.

 

 
Cabe recordar que las dependencias encargadas del Comité Coordinador son la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

 
Como el fiscal anticorrupción no ha sido nombrado por la falta de consensos entre las bancadas del Senado, será Raúl Cervantes, procurador general de la República, quien ocuparía su asiento (por el momento) en el organismo.
Al respecto, José Octavio López, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, comentó que el procurador Raúl Cervantes está invitado a la instalación de mañana “y hasta donde tengo entendido confirmó, entonces asiste”.

 

 
Reconoció que si bien la instalación del Comité Coordinador inicia sin el fiscal especial, esto no impide su correcto funcionamiento pues “para eso está el procurador: la función de ir tras de los servidores corruptos forma parte de la PGR; no hay razón para que no funcione el sistema, aun cuando las funciones estén en manos de la Procuraduría”.
Remarcó que, desde una perspectiva funcional, la PGR tiene también la obligación de llevar a la justicia a los servidores públicos corruptos en todo el país.

 

 
“Sería ideal que hubiera un fiscal especializado en esto, que además tuviera la infraestructura, los recursos y el personal idóneo; se tendría mayor probabilidad que se avance en este tema donde México tiene una gran cuenta pendiente”, expuso en una entrevista con 24 HORAS.

 

 
La presidenta del Comité Coordinador es Jacqueline Peschard, quien también preside el Comité de Participación Ciudadana del SNA (órgano rector del sistema y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de Gobierno), que arrancó el 9 de febrero pasado.

 

 
Remarcó  que la  finalidad del Comité es poner vigilancia y supervisión ciudadana a las instituciones que combaten la corrupción, para estar al pendiente de cómo hacen su trabajo de manera individual y que exista una mayor coordinación entre ellas, porque muchas veces las cosas se atoran en el proceso.

 

 

 

El atorón

 
A la falta de consensos entre las bancadas del Senado se suma que no existe un plazo fijo para nombrar al fiscal anticorrupción, debido a que no lo marca la ley; además, la Jucopo en la Cámara alta, parte esencial del proceso, dejó de reunirse durante un mes ante la reciente disputa por la coordinación del PRD.

 
Cabe recordar que, mientras los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y del PVEM, Carlos Puente, han señalado la urgencia de aprobar al fiscal, la coordinadora de la bancada perredista, Dolores Padierna, mantiene una postura más reservada, pues pide dotar de autonomía al fiscal.

 
Además, la bancada de Acción Nacional condiciona la aprobación del fiscal anticorrupción a la realización de dos reformas: la del artículo 16 transitorio de la reforma política electoral de 2014, para evitar el pase automático del titular de la PGR a fiscal general, y al 102 constitucional, que busca replantear el perfil del fiscal anticorrupción.

Frase

“Se intenta darle mucha mayor eficacia y seriedad, así como seguridad a la ciudadanía, de que se va  a actuar en casos de corrupción”

 
José Octavio López
Integrante del Comité de Participación Ciudadana