El Estado de México, tierra del grupo político que gobierna el país, vive en la paradoja: el tener a un presidente nacido en su suelo y que también fuera su gobernador no ha representado, hasta ahora, ninguna ventaja para los mexiquenses; por el contrario, justo durante la administración de Enrique Peña Nieto, la entidad se ha convertido en una de las más inseguras y violentas del país, y aún con el despliegue de tropas por el operativo federal, sigue viviendo expresiones de un caos social que raya en la barbarie.

 

A dos meses exactos de que el gobierno federal entrara “al rescate” de la entidad mexiquense y prácticamente tomara el control de la seguridad y la gobernación en el Estado, ante la incapacidad manifiesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, los resultados están lejos de ser satisfactorios. Si bien se han dado algunos golpes y se han desmantelado bandas de secuestradores, la situación de descontrol y de ingobernabilidad en zonas del territorio estatal se mantiene y se refleja lo mismo en los asesinatos violentos y las extorsiones que continúan en el oriente del Valle de México, que en el linchamiento que terminó en la muerte de dos policías en el municipio de Atlautla, expresiones que confirman un mismo fenómeno: que el Estado de México se ha vuelto en algunas de sus regiones tierra sin ley.

 

El asalto federal, que comenzó el 31 de marzo pasado, cuando la Secretaría de Gobernación tomó el control de la seguridad en el estado y obligó al gobernador Eruviel Ávila a remover a su secretaria de Seguridad para nombrar en su lugar a Damián Canales, un hombre de todas las confianzas del secretario Miguel Osorio Chong, no ha logrado todavía resolver la crisis mexiquense que, en febrero de 2014, antes del operativo federal se reflejaba en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ubicaba al Edomex en el primer lugar de homicidios a nivel nacional con 785 asesinatos denunciados; el primer lugar también de extorsión con 262 víctimas, y otro primer lugar de la República en secuestros con 37 denuncias.

 

A partir de entonces, en los dos meses transcurridos, las decisiones de gobierno en el Edomex han pasado por Bucareli, desde donde se marcan las directrices de gobierno y se deciden las estrategias de seguridad. Es tal el grado de injerencia que en estos momentos tiene el gobierno federal en el estado, que hace algunas semanas en Los Pinos y Gobernación se llegó a analizar la posibilidad de promover un interinato en la gubernatura y buscar una salida constitucional para Eruviel Ávila.

 

“El tema estuvo bajo análisis. Había mucha molestia por la nula actuación del gobernador y hasta se trazaron escenarios y vías legales, pero al final se decidió no hacer movimientos en el gobierno del estado para evitar ahondar la crisis social en la entidad. Eruviel acató todas las decisiones federales, mostró cooperación y eso lo salvó”, dijo a esta columna una fuente del gobierno federal que estuvo cerca del tema.

 

Una prueba de esa “cooperación” y de cómo el gobernador libró un interinato, fueron los cambios anunciados la semana pasada por Ávila, que significaron el desmantelamiento de su gabinete, para dar paso a nuevos funcionarios aprobados previamente por Gobernación. Así designó a José Manzur Quiroga como nuevo secretario de Gobierno, la posición política más importante, y a Jaime Gómez Sánchez, como procurador de Justicia del Estado, con lo que toda el área de seguridad y justicia quedó bajo el control federal.

 

La presión política para resolver la crisis del Estado de México, no tiene que ver solamente con que sea la tierra del presidente Enrique Peña Nieto, algo que sin duda pesa en el ánimo de Los Pinos y explica el despliegue federal ordenado con la Segob al mando; la principal razón para buscar que haya resultados y pare la ola de violencia es que la entidad es el principal bastión de votos para el PRI y el gobierno y un revés electoral en 2015 para el priismo, como el que en estos momentos registran las encuestas en zonas tan estratégicas como el Valle de México, sería un golpe letal para el Presidente y su partido.

 

NOTAS INDISCRETAS… Hace unos días, al recibir la medalla “Ricardo García Villalobos”, del Colegio Nacional de Abogados, Tristán Canales reconocía que “el prestigio social de la abogacía, con honrosas excepciones, se ha perdido”. Y el fin de semana las crónicas de sociales narraban cómo uno de los abogados más ricos y polémicos de México, Juan Collado, celebraba su cumpleaños con una lujosa fiesta en Acapulco y se contrataba, para que le cantara “Las Mañanitas”, al cantante español Julio Iglesias. Abogados excéntricos en un país sin ley ni justicia… Agitamos los dados. ¿Serpiente o Escalera?