La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna Luna busca que la Junta de Coordinación Política del Senado, haga un exhorto al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que atienda la solicitud de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sobre la operación y manejo del malware Pegasus.

 

Lo anterior, luego de que el pasado 3 de julio, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción desechara la propuesta del Comité de Participación Ciudadana para requerirle información al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a varias dependencias del gobierno federal  con el fin de que rindan cuentas sobre la operación y el manejo de los datos obtenidos por el uso del malware Pegasus en territorio mexicano.

 

En esa ocasión el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción argumentó su negativa señalando que “no había una determinación de la existencia de un delito relacionado con actos de corrupción”.

 

“El argumento es más grave que el rechazo porque constituye un criterio que altera la naturaleza misma que llevó a la creación del SNA. Este sistema no sólo se creó para analizar las conductas ‘delictivas’ típicas calificadas en el Código Penal Federal y que ya son competencia exclusiva de la PGR”, consideró la senadora Padierna Luna.

 

Refirió que el Sistema Nacional  Anticorrupción fue creado para observar las conductas de carácter administrativo que pudieran estar relacionadas con hechos de corrupción, actos administrativos cuya investigación no depende de una determinación ministerial sino que de la recolección de información, la sistematización de la misma y el encuadre de posibles actos de corrupción que recaen en la esfera administrativa.

 

En este contexto, la coordinadora parlamentaria, recordó que las faltas administrativas graves están previstas en los artículos 52 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que subrayan la “utilización indebida de la información” y el “abuso de funciones” como dos conductas muy delicadas que pueden conducir a la corrupción, tal y como se presume ocurrió en el caso del espionaje.

 

Ante ello, la legisladora insistió en que “el abuso de funciones se comete cuando un servidor público ejerce atribuciones que no tenga conferidas o se valga del que las tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades en los que sean parte o para causar perjuicios a alguna persona o al servidor público.

 

“El abuso de funciones en el caso del espionaje está claramente perfilado y debe ser investigado. Es un asunto de corrupción. No de especulación”, concluyó.

 

aarl