Con el objetivo de ofrecer certidumbre jurídica en el marco de la apertura del mercado de combustibles, empresarios del sector urgieron a poner fin al diferendo existente entre Pemex y la Cofece debido a las multas impuestas a la petrolera por obligar a las gasolineras a contratar  el servicio de pipas operadas  por personal sindicalizado de esa empresa.

 

Ante las sanciones acumuladas por 795 millones de pesos que le impuso la Comisión Federal de Competencia Económica por esa práctica conocida como “ventas atadas”, Pemex llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Entre agosto de 2013 y abril de 2016, la comisión aplicó 20 multas a Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, debido a que la subsidiaria obligaba a los gasolineros a contratar el servicio de pipas de la petrolera para llevar el combustible de las terminales de almacenamiento a las estaciones, cuando el cliente tiene la capacidad de elegir el servicio de transporte que más le convenga.

 

“Es muy importante que se resuelvan este tipo de casos, porque nos hemos sentado con empresas internacionales para preguntarles sobre el interés que tienen de invertir en México. Han sido muy claras, incluso nos han llegado a decir que México no es uno de los países prioritarios para invertir, sino que es el único en el que tienen interés”, consideró José Ángel García Elizondo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

 

El representante del sector gasolinero mencionó que aunque el mercado de las gasolinas apenas inicia su proceso de apertura, no se puede proteger a quienes no quieran transformarse para participar en condiciones de competencia.

 

“Ya no es el mercado cerrado ni el monopolio que tuvimos durante ocho décadas. Ya es un mercado abierto y los empresarios tendrán que ser creativos, imaginativos y eficientes para competir ya con precio, con diferentes tipos de productos, marcas y servicios; sin embargo, debemos cuidar la certidumbre jurídica”, explicó.

 

Por separado, Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de la Energía (Comener), que agrupa a 14 asociaciones empresariales relacionadas con el sector energético, consideró que la falta de certeza jurídica está ligada con el incremento en los riesgos de financiamiento de los proyectos que llegarán al país para el transporte y almacenamiento de gasolinas.

 

“Tenemos que dar una señal clara hacia los inversionistas, porque la certeza jurídica se liga a tener proyectos bancables, es decir, proyectos donde ese tipo de riesgos tienen repercusiones en cuanto a la rentabilidad”, aseguró.

 

La señal de piso parejo, abundó, permitirá garantizar que lleguen seis mil millones de dólares en inversiones para el transporte, almacenamiento y estaciones de servicio para los combustibles

 

 

 

Cifras

 

573 gasolineras fueron afectadas por Pemex, según la Cofece.

 

2010 es el año en que algunos franquiciatarios denunciaron a la petrolera.

 

11,413 estaciones existen en todo el  territorio nacional.

 

20 mil pipas opera Pemex para transporte de combustibles.