La ruptura entre Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, –en donde el 19 de septiembre pasado murieron 19 niños y siete adultos, luego del colapso de la escuela– y el despacho de Servicios Jurídicos Castillo Márquez fue por algunos desacuerdos por parte de su familia en la estrategia como la creación de un fideicomiso.

 

“Esta defensa propuso que el bien o los bienes inmuebles que constituyen los predios –de la calle– Rancho Tamboreo números 11 y 19 fueran afectados a un fideicomiso para garantizar la posible responsabilidad civil o la posible reparación del daño en el eventual caso de existir una obligación pecuniario (dinero) por parte de la institución educativa o de la maestra”, expuso el abogado Moisés Castillo en una entrevista con 24 HORAS.

 

Indicó que el inmueble cuenta con el seguro La Latinoamericana y los menores del colegio están asegurados con Inbursa.

 

“No son seguros fantasmas son reales, existen las pólizas y están vigentes, este despacho se encontraba en vías de llevar a cabo un enlace entre la aseguradora y los padres de familia para poder llevar a cabo la indemnización correspondiente, toda vez que ya no tenemos la representación de la docente no podemos hacer más”, refirió el también maestro en derecho penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

 

Foto: Gabriela Esquivel
Foto: Gabriela Esquivel

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Castillo comentó que en el lapso en que representó a García Villegas, le brindó asesoría jurídica y promovió en su favor un amparo ante un juez de distrito en materia penal.

 

Manifestó que solicitaron la aplicación de este recurso porque los medios de comunicación denostaron la imagen pública y privada afectando entre otros derechos el de la intimidad y el principio de presunción de inocencia de la docente.

 

“En este momento ella cuenta con una suspensión provisional dictada por un juez federal en materia de amparo penal para evitar que sea detenida o privada de su libertad de manera ilegal y podrá asistir toda vez que goza de esa suspensión a declarar ante la autoridad ministerial que así la requiera”, expuso.

 

A pregunta expresa si García tiene alguna responsabilidad, el abogado señaló que le corresponde resolver sobre la misma a un juez en la materia.

 

“Sin embargo en una opinión muy personal, creo que es una cuestión de la naturaleza, de un evento o caso fortuito que nada tiene que ver con una responsabilidad personal de la maestra”, aseveró.

 

 

Abogados elaboran queja por violentar DH

El despacho de Servicios Jurídicos Castillo Márquez elaboró una queja para presentarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la que se expone de haber violentado los derechos humanos de García Villegas.

 

“No omito mencionar que, como consecuencia de las violaciones que diversas autoridades, medios de comunicación y el público en general han llevado a cabo en contra de mis derechos humanos, se ha provocado el linchamiento mediático del que soy objeto actualmente por lo que temo por mi seguridad e integridad personal”, dice el documento.

 

 

 

Endosa DRO revisión de plantel a Protección Civil

El Director Responsable de Obra, Juan Apolinar Torales Iniesta, quien firmó el visto bueno de seguridad y operación del Colegio de Enrique Rébsamen el 17 de junio de 2017 –el cual se colapsó el 19 de septiembre a causa del sismo– aseveró que en ese momento el inmueble estaba en buenas condiciones, sin embargo con el temblor del 7 de septiembre se pudo haber presentado algún daño.

 

“Ese inmueble tuvo que ser verificado por protección civil –el 7 de septiembre– para que pudiera operar, yo les recomendé que este organismo tenía que dar el dictamen porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) así lo pide, desconozco si a través de la maestra Mónica García Villegas solicitaron el dictamen”, consideró Torales en una entrevista con 24 HORAS.

 

Abundó que se tendría que abrir una investigación respecto a la autorización para poder operar después del 7 de septiembre. “Se tuvo que solicitar una verificación y que se tuviera el documento para mostrarlo a los padres de familia”.

 

Por otra parte, recordó que fue contratado por las autoridades de la escuela para llevar a cabo el programa interno en junio.

 

“Es un programa que lo pide como requisito la SEP, se requiere tener vigente un dictamen de seguridad estructural y un visto bueno de seguridad de operaciones, el dictamen se encontraba vigente en ese momento”.

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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