MORELIA. El Pleno de la LXXII Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Víctimas del Estado, elaborado por las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos; y de Seguridad Pública y protección Civil.

 

Esta ley  atenderá a aquellas personas que sufrieron secuestro, extorsión, actos terroristas, entre otros delitos.

 

El presidente la Comisión de Seguridad Pública de la 72 Legislatura, Bertín Cornejo Martínez, explicó que dicha ley contempla destinar un fondo de 50 millones de pesos para dar atención a las víctimas a través de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros.

 

Reconoció que la bolsa económica que se destinará para el siguiente año será insuficiente, sin embargo, dijo que el estado se podrá apoyar en diversas instituciones que cuentan con el personal adecuado para brindar la atención, como el Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

Esta Ley, destaca el dictamen, será de aplicación complementaria a la Ley General de Víctimas para todo lo referente a derechos reconocidos a las víctimas en la entidad, procedimientos, mecanismos e instituciones creadas en el Estado para garantizar la adecuación y efectividad de la Ley General de Víctimas en todo lo que no contemple. Y nada en la presente ley deberá ser interpretado o utilizado de manera tal que contravenga a la Ley General de Víctimas o los acuerdos adoptados con apego a esa Ley General por parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

 

Por lo anterior, dicha ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades del Gobierno del Estado, de los municipios, así como de sus poderes constitucionales, y a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos autónomos o instituciones públicas o privadas cuyas facultades, funciones o atribuciones estén relacionadas con la ayuda, asistencia, protección o reparación integral a las víctimas.

 

Entre los puntos clave a regular por parte del Estado con la aprobación de dicha ley, se encuentra la creación del Sistema Estatal de Víctimas, integrado por los tres poderes del Estado, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por la Comisión Ejecutiva Estatal, mismo que será el encargado de determinar las políticas públicas que habrán de seguirse en materia de protección a víctimas.

 

Asimismo, se crea la Comisión Ejecutiva estatal, como instancia encargada de ejecutar las disposiciones que dicte el Sistema Estatal, de elaborar el Programa deAtención a Víctimas, de organizar y coordinar el funcionamiento del Registro Estatal de Víctimas, de la Asesoría Jurídica y del Fondo de Asistencia, además de la aplicación de medidas de protección cautelares y preventivas.

 

Esta Comisión Estatal, en coordinación con el Sistema Estatal, realizarán las acciones conducentes a efecto de vigilar la aplicación de las disposiciones dictadas por el Sistema Nacional, en un marco de colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

 

De igual forma, destacaron las comisiones dictaminadoras, el proyecto responde sobre todo a las víctimas de delitos o de violaciones a sus derechos humanos, con lo cual se inicia una nueva etapa en materia de protección a víctimas, mismo que se suma al proceso integral que conlleva el nuevo sistema de justicia penal y la moderna visión de protección a derechos humanos que derivó de las reformas constitucionales.

 

Cabe resaltar que a fin de concentrar los esfuerzos legislativos en materia de Registro, Fondo y Asesoría, pues se considera que dichos puntos son claves para el éxito de la protección a las víctimas, además de que se potencializa el esfuerzo que se ha venido implementando a nivel nacional, los legisladores se reunieron para hacer un análisis del dictamen con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Federación, por lo que se acordó modificar el sistema financiero del fondo y el fideicomiso. DE