A fin de modernizar el marco legal de las fuerzas castrenses y dar certeza jurídica a las instituciones armadas, Carlos Sarabia Camacho (PRI) anunció la instalación de la mesa de trabajo multidisciplinario para analizar, investigar y proponer reformas sobre legislación militar.

 

El también capitán en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que hay que actualizar el marco jurídico militar, para apegarse al nuevo sistema de administración de justicia penal mexicano.

 

En este sentido, adelantó que los trabajos de la mesa contemplan la realizar talleres, y grupos de trabajo con la participación de expertos, ejercicios académicos y estudios de campo, así como la construcción de guías de trabajo, acciones colectivas y consensos.

 

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, este lunes 24 HORAS dio a conocer que entre el 6 de septiembre de 2007 y el 17 de junio de 2015 el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana acumularon 250 uniformados reportados como desaparecidos.

 

En este sentido, el legislador federal del PRI afirmó que el Congreso de la Unión ha sido omiso en establecer un marco legal adecuado para que las integrantes de la Fuerzas Armadas participen en labores de policía.

 

Por ello explicó que dicha mesa –donde participarán expertos, académicos, especialistas y militares– sesionará de manera permanente y está integrada con la intención de mejorar las condiciones para los elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Marina y Armada de México.

 

Dicho grupo de trabajo está integrado por el teniente coronel Gustavo Romero Rosas; Héctor Ernesto Jiménez Ruíz, investigador y catedrático; Manuel Enrique Urbina López, magistrado del supremo tribunal de justicia de Chiapas; y Fausto Ricardo Santiago Jiménez, representante de la Benemérita Universidad Benito Juárez.

 

Así como Alberto Cisneros Toscano, investigador; Héctor Raúl Montes Montiel; Vicente Salvador Balcázar Marín, representante de la Comisión de Defensa del Consejo Político Nacional del PRI; Alejandro Carlos Espinoza, representante del Instituto Nacional de Ciencias penales (Inacipe), así como Conrado López Hernández.