En México existen grupos de “enganchadores” de trabajadores agrícolas que operan como una red de delincuencia organizada, dijo ayer el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, al dar a conocer que el fin de semana rescataron a 48 indígenas de un campo en Colima; en este mes ya suman 451 personas rescatadas.

 

“Sí hay una red, estoy convencido de que hay delincuencia organizada en los enganchadores, yo no estoy diciendo que sea sólo una organización delincuencial, yo creo que hay muchas organizaciones que se han aprovechado del mercado, pero que no dejan de ser delincuencia organizada”, dijo el funcionario.

 

Este fin de semana, fueron rescatados 48 jornaleros indígenas mixtecos, 13 de ellos menores de edad, quienes eran explotados laboralmente en un campo agrícola ubicado en el ejido El Diezmo de Colima, Colima.

 

La Secretaría del Trabajo ya levantó una denuncia contra Feliciano Martínez García, a quien señalan como el enganchador, y contra Luis David González Virgen, quien es el dueño de la empresa agrícola, dijo.

 

Este caso se suma al de 200 jornaleros rarámuris quienes laboraban en campos de Baja California Sur y al de 203 trabajadoras costureras de una empresa coreana en Jalisco; en ambos casos se encontró que estas personas fueron “enganchadas” y llevadas a los centros de trabajo para explotarlos.

 

Navarrete Prida explicó que aunque hay enganchadores en todos los sectores laborales, el de mayor vulnerabilidad es el agrícola, pues ahí se aprovechan de personas indígenas que no hablan español y con bajo nivel educativo para llevárselos a otras localidades, lo cual deja a los “enganchados” en una situación vulnerable.

 

En este estado de vulnerabilidad los obligan a quedarse en cuartos y les dan préstamos para la comida las mismas personas que se los llevaron. Al final del periodo de cosecha, les descuentan esos gastos dejándolos sin dinero.

 

“El enganchador se queda prácticamente con la mitad de lo que les da el productor a los indígenas y el enganchador se encarga de pagarles a los indígenas, lo cual constituye un nuevo delito. Para el productor es una manera muy sencilla de desentenderse del problema porque con quien está teniendo relación es con una red de enganchadores”, añadió el titular de la STPS.

 

El otro gran problema es el salario. Por ejemplo, en el caso de los jornaleros mixtecos de Colima les pagaban 3 pesos por cada cubeta de pepino que recolectaran, con jornadas laborales de 10 horas, sin seguridad social, ni medidas de protección.

 

“Esto es una forma de explotación que casi raya en esclavitud y que tipifica una serie de delitos graves para todos pues es una coparticipación”, dijo Navarrete Prida.

 

Para atender el problema, el Gobierno federal implementó el operativo “México con trabajo digno”, en el cual mil inspectores realizan visitas de supervisión en centros laborales. Hasta el momento se han hecho 12 mil 393 inspecciones que tutelan los derechos de 1 millón 178 mil 321 trabajadores con 43 mil 674 medidas de aplicación y corrección en los centros de trabajo y 12 suspensiones de operación, así como la aplicación de multas por 140.2 millones de pesos.

 

Jornaleros de San Quintín demandan mejoras laborales a cambio de terminar el paro

 

Este martes, jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, cumplen una semana de paro en demanda de mejoras laborales. El 17 de marzo pasado 50 mil trabajadores de los campos agrícolas de la región se organizaron para exigir a sus patrones un salario mínimo de 300 pesos y seguridad social.

 

Los campesinos de San Quintín reciben en promedio un salario de 100 pesos por ocho horas de trabajo en los campos de fresa, el principal producto de la región, y ninguno de ellos tiene prestaciones como seguro social.

 

Junto al paro comenzaron acciones de protestas, como plantones frente a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el bloqueo de la carretera Transpeninsular.

 

El miércoles 18 de marzo los jornaleros buscaron una reunión con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, pero terminaron enfrentándose a pedradas con la policía estatal. El saldo fueron 140 manifestantes detenidos, puestos en libertad horas después.

 

Mientras que las manifestaciones se daban en las calles, se instaló una mesa de negociación entre los trabajadores, las empresas agrícolas que operan en el Valle y representantes de los tres niveles de gobierno.

 

El jueves 19 de marzo fue la última mesa de trabajo donde los jornaleros pusieron de condición para levantar el paro la incorporación de todo el gremio al IMSS y el aumento de salario. A cambio, los representantes de las empresas solicitaron tiempo para presentar respuestas concretas a las demandas.

 

San Quintín produce 27.35% de las fresas en México, con rendimientos de mil 561 millones de pesos. En 2012 la producción total de fresa alcanzó 111 mil 708 toneladas.