La reforma financiera, que incluyó la creación del Buró de Entidades Financieras, tiene un alto contenido social, al poner al usuario de servicios financieros en el centro de la misma, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

De acuerdo con el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia reitera que dicha reforma, que propuso el gobierno federal y aprobó el Congreso de la Unión, tiene como objetivo principal mantener un sistema financiero sólido, que preste más y más barato, al fomentar la competencia y transparencia entre las entidades financieras.

 

La reforma incluyó la creación del Buró de Entidades Financieras, por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el cual permitirá a los usuarios identificar la oferta de productos y servicios de dichas entidades, así como sus costos, comisiones, tasas y reclamaciones.

 

Transparencia

 

El Buró “contribuirá a potenciar el crecimiento económico, al promover la competencia entre las instituciones financieras, facilitar un manejo responsable de los productos e impulsar la transparencia al dar a conocer información para los usuarios de las ventajas y desventajas de contratar un determinado producto”.

 

En su primera etapa, el Buró incluye la información sobre nueve productos de la banca comercial (47 bancos), mientras que los demás sectores, así como los productos y servicios que ofrecen en el mercado, se incorporarán de forma gradual.

 

Lo anterior, hasta contar con la información de las cuatro mil 377 entidades financieras que actualmente integran al sistema.

 

La dependencia resalta que el Buró ofrece valor agregado a los usuarios porque presenta en un solo espacio y de manera sencilla información clara, imparcial, suficiente, comparable y oportuna de los participantes del sector financiero.

 

Los usuarios podrán identificar a las entidades financieras que se encuentran en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, las características de los productos que ofrecen, el número y monto de sanciones administrativas, las prácticas no sanas a las que incurran las entidades, entre otros elementos.