La remoción de vegetación en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar Cancún, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización vigente, resolvió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa).

 

“Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, indicó la agencia ambiental.

 

La Profepa resolvió que “la remoción de vegetación se realizó al amparo de la autorización en materia de impacto ambiental vigente al momento de su ejecución, así como que no existieron indicios de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, apuntó.

 

Refirió que tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero, agentes de Profepa en Quintana Roo realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero, “instaurándose un procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la autorización en materia de impacto ambiental otorgada en julio de 2005”.

 

Adicionalmente, la procuraduría ambiental consideró que las pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante su delegación en Quintana Roo, “sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo”.

 

Destacó que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales en relación con la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción de vegetación, y en fecha posterior a ese acto.

 

Por ello, Profepa ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, “acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar”.

 

El Proyecto Malecón Tajamar enfrenta a ecologistas y autoridades en Cancún. Se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo.

 

El conflicto viene por el hecho de que los permisos para remover la vegetación fueron emitidos antes del decreto promulgado en 2007 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, que protege el manglar e impide la construcción de cualquier proyecto en zonas donde se encuentre este tipo de ecosistema.